La Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión de 30 de enero de 2023, aprobó el Informe de Fiscalización sobre el uso que ha hecho la Junta de Andalucía de los fondos que ha recibido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Según la Cámara de Cuentas, a 31 de mayo de 2022 la Junta de Andalucía había recibido de la Administración General del Estado a cuenta de esos fondos 1.956,18 millones de euros y las obligaciones reconocidas contra ellos ascendían a 74,48 millones, sólo un 3,8% de lo recibido. A mitad de 2022 esas obligaciones no llegaban a cubrir el 60% de los recursos recibidos en 2020. Además, la Cámara de Cuentas precisaba que de los 25,2 millones de euros gastados durante 2021, el 80,11% se destinaron a la cobertura de los gastos de personal de la propia Junta. ¿Qué se ha trasladado entonces a la sociedad y a la economía andaluza?
El III Informe de Ejecución del Plan presentado por el Gobierno de la nación a las autoridades europeas en febrero de 2023, contiene dos informaciones para encuadrar las cifras recogidas por la Cámara de Cuentas. Por un lado, señala que a 31 de diciembre de 2022 los recursos del PRTR gestionados por la Junta habían subido a 3.262 millones: Andalucía era la comunidad autónoma que más recursos había recibido, seguida de Cataluña con 3.039 millones y Madrid con 2.256 millones. Y, por otro, calcula de modo agregado la intensidad con que las comunidades usan esos fondos, cuya intensidad media de empleo a fines de 2022 era del 19,9%, más alta de la que registraba Andalucía siete meses antes (3,8%).
A la afirmación de “se ha gastado poco”, trasladada por algunos medios, el presidente de la Junta respondió con un “no hay que preocuparse, esos datos están obsoletos”. Al mismo tiempo, la consejera del ramo iniciaba una campaña denunciando la “infrafinanciación” de Andalucía y las dificultades que pone el Gobierno central a la cogestión de los fondos, informando al mismo tiempo que a fin de 2022 se habían “movilizado el 81,37 %” de ellos. Es una cifra muy diferente de la dada por la Cámara de Cuentas y de la dada por el informe de ejecución antes citado. Tal vez por esto, la consejera remató la campaña con una presentación en Bruselas recabando “flexibilidad” en la gestión de los fondos. En cualquier caso, lo que necesitamos para acabar con esta polémica y dar muestras de respeto a la sociedad andaluza son datos solventes y actualizados sobre la ejecución de los fondos PRTR. Por desgracia, los canales de información habilitados por la Junta para el seguimiento del PRTR hasta ahora no los han proporcionado.
Los Fondos Next Generation han nacido explícitamente para ayudar a Europa a dar un salto relevante en el fortalecimiento de su economía, mediante su digitalización y su adecuación a los retos de la sostenibilidad. Tienen por tanto una finalidad muy clara, que no es la de sostener las rentas de la población ahora, sino la de prepararla para los retos del futuro inmediato. Además, tienen una peculiaridad que los hace muy distintos de los que Europa movilizaba antes: proceden del endeudamiento que los países de la UE han asumido colectivamente para dar un potente e inexcusable salto adelante.
Conviene estar alerta por si, 'in extremis', estos recursos estratégicos se destinaran a proyectos banales u oportunistas, que una vez ejecutados reduzcan la resiliencia de la economía andaluza en lugar de acrecentarla
Siendo esto así, ¿cómo interpretar un gasto tan bajo? ¿Acaso Andalucía no sabe qué debe hacer para fortalecerse ante los retos asumidos por Europa? Es difícil entender que desde 2020 el nutrido aparato administrativo andaluz haya sido incapaz de activar estos recursos, bien en la forma de inversión, bien bajo la modalidad de subvenciones a terceros, máxime cuando en España, al asumir los recursos Next Generation, se ha activado también un amplio paquete de medidas para incentivar a las propias administraciones públicas a capacitarse adecuadamente para su ejecución.
Si la respuesta a este bajo nivel de ejecución fuera que la Junta de Andalucía no sabe qué debe hacer para movilizar esa digitalización de la economía y fortalecer su sostenibilidad, conviene estar alerta por si, in extremis, estos recursos estratégicos se destinaran a proyectos banales u oportunistas, que una vez ejecutados reduzcan la resiliencia de la economía andaluza en lugar de acrecentarla. Este riesgo existe y podría tener efectos funestos para el futuro, ampliando la brecha que separa Andalucía de la dinámica productiva del resto de España y de Europa. Algo de eso puede rastrearse también en el informe de la Cámara de Cuentas, cuando en su apartado dedicado a la Planificación estratégica no encuentra excesivas bases de estrategia y de gestión por objetivos desde las que orientar las actuaciones de la Junta, si bien sus recomendaciones al respecto pecan acaso de excesiva prudencia.
Viene a cuento recordar lo que desde Nuevo Diagnóstico decíamos en un artículo sobre Next Generation de hace dos años: “Si algunos Ministerios ya han elaborado y publicado diversos planes de actuación, la pregunta que debemos hacernos es ¿dónde están los planes de Andalucía? ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas? ¿Apostamos por aprovechar esta oportunidad para la innovación o el cambio? ¿Realmente vamos a apostar en serio por la sostenibilidad y la digitalización o se trata simplemente de cambiarle los rótulos a antiguos documentos y negociados? Si carecemos de diagnósticos generales sobre nuestra situación y, por lo tanto, de horizontes estratégicos bien perfilados; si nuestra burocracia sigue demostrando falta de capacidad para gestionar inversiones, en Andalucía sólo nos quedará el recurso de esperar lo que nos llegue de Bruselas para endosarlo donde siempre: en las actividades tradicionales, la agricultura, el sector turístico y el ladrillo. ¿Será nuevamente otra oportunidad perdida?”.
Materias y asuntos por los que transitar hacia los objetivos del PRTR no faltan: la consolidación de un sistema de salud fundado en la atención individualizada y continua, que limite los efectos de las crisis sanitarias por venir (que difícilmente se resuelven por la desintegración del sistema de salud a través de la oferta privada); la capacitación de las redes de transporte y distribución de energía para la implementación efectiva de sistemas de producción descentralizados fundados en renovables; la modernización de los sistemas de gestión de las empresas y de las administraciones para facilitar su aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial y los desarrollos en materia de ciberseguridad; la consolidación de un sistema educativo capaz de facilitar la adecuación a los retos tecnológicos y políticos que afrontamos, que acompañe a las personas desde su nacimiento hasta el final de sus vidas; la amortiguación de los efectos climáticos con la extensión de las medidas de rehabilitación de las edificaciones a los entornos más vulnerables, con unas intervenciones decididas en la optimización del empleo del agua en la agricultura; la facilitación de la movilidad colectiva; la mitigación de los efectos del cambio climático en el litoral; las acciones que desactiven los procesos de despoblación de las comarcas interiores… y tantos otros.
El marco regulador y prescriptor europeo y las experiencias en Andalucía avalan la conveniencia de, para fortalecer la competitividad, resiliencia y sostenibilidad de una región, recurrir a programas integrados a escala subregional e incluso comarcal
Pero el buen empleo de Next Generation, como también el empleo de los fondos ordinarios (que, con recursos ya propios de la UE, movilizan un volumen de recursos mayor que los del Next Generation), no sólo requiere activar más decididamente los mecanismos de gestión de su gasto público, sino que necesita pulir bien y rápidamente los propios instrumentos de intervención mediante los que se realiza ese gasto, para acertar en el éxito de sus operaciones y en su debida aplicación: las formas de tramitar las subvenciones, los métodos mediante los que se determinan las cuestiones que han de ser atendidas, las figuras empleadas para fomentar la actividad (subvenciones, préstamos, avales, participaciones en capital riesgo…), los canales empleados (directos, a través de las administraciones locales, mediante empresas y/o figuras parapúblicas…). Elegir bien los instrumentos a emplear estará en la base del adecuado impacto de los recursos.
En esta perspectiva no conviene olvidar que el marco regulador y prescriptor europeo y las experiencias realizadas ya en Andalucía (y en otras regiones, véase los PECT catalanes), avalan la conveniencia de, para fortalecer la competitividad, resiliencia y sostenibilidad de una región, recurrir a las figuras de programas de actuación integrados a escala subregional e incluso comarcal, sobre territorios concretos, que aúnen los esfuerzos de los diferentes fondos europeos hacia metas precisas, localizadas y compartidas. Los ejemplos más recientes de las Inversiones Territoriales Integradas de Cádiz y Jaén, que han permitido atraer más recursos a esas provincias, y trabajando sobre planes específicos, afinar mejor su uso y seguimiento, son modelos que, ajustando sus imperfecciones, convendría contemplar a la hora de definir instrumentos, en tanto que pueden proporcionar un mejor resultado que los clásicos programas sectoriales, de alcance regional, por más que resten algo de poder a quienes administran los recursos.
En definitiva, campo hay en el que trabajar y actuar, sacando un buen partido de los recursos ahora disponibles para el bienestar de la futura Andalucía.
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