Bien sabemos que, en derecho constitucional, llamamos interés general al concepto que resume las funciones de los poderes públicos y que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos. Es decir, que en aras de ese interés general, las administraciones deben velar por que sus actos beneficien siempre a una amplia mayoría de los ciudadanos.
Y me gustaría abordar, bajo esa óptica, el acuerdo que alcanzaron la FEMP y el Gobierno de España para que las entidades locales pudiesen utilizar sus superávits y remanentes. Un documento que actualmente se tramita en el Congreso para su convalidación y que está siendo cuestionado desde algunos grupos políticos en clave partidista, principalmente por el PP.
Para empezar, es necesario señalar que existe un doble interés general cuando el Gobierno propone como opción voluntaria ceder los remanentes de las corporaciones locales y, a la vez, permite usar parte de los mismos, de forma anual, en inversiones provinciales y municipales de carácter social, cultural y de agenda urbana sostenible. Ahí, el doble interés general reside en que las Cuentas del Tesoro Público reciben recursos financieros -que luego son devueltos íntegramente- y, a la vez, se permite a Ayuntamientos y Diputaciones hacer uso de unos remanentes que estaban encorsetados por la Ley de Estabilidad -que promulgó el PP y que obligaba a mantener los ahorros en los bancos, sin poder ser usados en su totalidad y con gastos de mantenimiento-.
Y es precisamente en esa apertura a la posibilidad de usar e invertir los fondos que las entidades locales tienen ahorrados lo que, de nuevo, atiende al interés general en cuanto a la repercusión y amplitud territorial de la norma. Porque tampoco podemos olvidar que esa licencia para usar superávit y remanentes alcanza a más de 7.800 ayuntamientos y Diputaciones de los 8.131 que hay en España, que son los que presentan remanentes positivos de tesorería en la actualidad.
Solo en torno a 300 son los Consistorios que tienen remanente de tesorería negativa y, de todos ellos, unos 90 presentan unas finanzas en estado crítico. Y para ellos también tiene sitio el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno que ahora pasa por el Congreso. Porque ese documento arbitra soluciones de financiación para esas arcas locales que se encuentran en una situación más delicada.
Incluso existe ese interés general en la voluntad del ejecutivo que preside Sánchez cuando, en el acuerdo, se establece que Ayuntamientos y Diputaciones podrán participar de forma directa en el fondo de Recuperación que llegue desde la UE para hacer frente a la crisis actual.
Frente a todo esto, la propuesta que han formulado en estos días una minoría de Ayuntamientos españoles para repartir desde el Gobierno los 5.000 M€ a las entidades locales por criterios de población no atiende a ese interés general del que venimos hablando. No lo atiende por varias razones. Primero, porque repartir los fondos de esa manera sería generar insolidaridad con la inmensa mayoría de municipios españoles, que son los que tienen remanentes de tesorería positivos. Y segundo, porque esas ciudades que reclaman un reparto por habitantes no son precisamente las mismas localidades que han ahorrado durante estos años con tanto esfuerzo.
No podemos dejarnos llevar por un discurso insolidario en el seno municipalista porque, desde siempre, nuestra fortaleza ha sido remar al unísono durante toda la democracia.
Hay un grupo mínimo de alcaldes y alcaldesas que no están de acuerdo con este RDL, pues exigen que el reparto de los 5.000 M€ se haga por criterio de población. Si se tiene en cuenta este criterio, se favorece a los municipios de mayor población frente a los de menos. Es decir, que esa minoría pretende un acuerdo que favorezca solo a unos cuantos.
Además, es curioso que ese mismo grupo de primeros ediles exige distintos criterios según el apartado del RDL. Para el reparto de los 5.000 M€ exigen criterio poblacional pero para el reparto del fondo para transporte público piden que se tengan en cuenta las pérdidas obtenidas a causa del coronavirus.
Incongruencias, por tanto, más disonantes aún si tenemos en cuenta que los grupos políticos que gobiernan esos Ayuntamientos presentaron un escrito en el Congreso solicitando no aplicar el techo de gasto, poder hacer uso del superávit y participar en fondos europeos -cuestiones todas recogidas en el Real Decreto Ley-, pero nunca solicitaron el uso de los remanentes positivos, que también se recoge en el acuerdo. Por tanto estamos ante una solución que va más allá incluso de las demandas iniciales de los grupos políticos que, ahora, quieren hacer bandera en contra de ese acuerdo entre la FEMP y el Gobierno.
En definitiva, la voz de una minoría, no por ello menos respetable, debería suavizar su tono y facilitar que la inmensa mayoría de localidades de España pueda invertir aquellos recursos financieros propios que fueron capaces de generar desde 2013, año tras año. No podemos dejarnos llevar por un discurso insolidario en el seno municipalista porque, desde siempre, nuestra fortaleza ha sido remar al unísono durante toda la democracia.
Lejos de eso resulta vital, urgente para los muncipios, para la ciudadanía, poner en marcha las inversiones que permite el RDL. No sería justo que unos cuantos bloqueasen la mayor inyección económica de la que va a disponer el municipalismo en muchos años.
Se hace necesario, por tanto, un ejercicio de generosidad en aras del interés general al que atiende el Real Decreto Ley que tramita el Gobierno en el Congreso. Un gesto de unión municipalista para que, como ocurrió en la Transición y en otros muchos momentos de la historia reciente, los Ayuntamientos y Diputaciones seamos piezas clave en la recuperación, el avance y el progreso de este país.
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