Per Hilmersson: “Sacrificar la salud de los trabajadores en aras de la competitividad es inaceptable”

Per Hilmersson es desde mayo de este año vicesecretario general de la Confederacion Europea de Sindicatos, de la que es responsable de salud laboral. Nacido en Suecia en 1975, acoge con satisfacción el trabajo realizado por la actual Comisión Europea al introducir nuevas limitaciones vinculantes en la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos en el trabajo. Pero se muestra bastante preocupado por el último borrador de la trasposición que plantea España que, entre otras cuestiones, duplica el límite de exposición al polvo de sílice, un residuo generado principalmente en la producción de encimeras de Silestone y que podría estar detrás de que la silicosis se haya convertido en la principal enfermedad profesional de Andalucía.

Como responsable de salud laboral de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ¿qué opina de los planes del Gobierno español para aumentar los límites de exposición profesional a la sílice cristalina, al bromoetileno y a la acrilamida?

Por lo que entiendo, la razón de la propuesta del Gobierno es impulsar la competitividad de las empresas españolas, pero sacrificar la salud de los trabajadores en aras de la competitividad es inaceptable. Es impensable subvencionar a las empresas permitiéndoles aumentar la exposición de los trabajadores a las sustancias cancerígenas y trasladar los costes sanitarios y de otro tipo a las familias y a la sociedad.

Las directivas de la UE sobre salud y seguridad en el trabajo sólo definen normas mínimas. Los Estados miembros deberían mantener o tener niveles más altos de protección para los trabajadores, y no reducir las normas existentes al mínimo comunitario.

¿Cuán peligrosas son estas sustancias para la salud de los trabajadores?

La sobreexposición a la sílice cristalina tendrá consecuencias extremadamente graves para los trabajadores, que tendrán un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares crónicas como silicosis, enfisema o tuberculosis.

La exposición a la acrilamida causa cáncer de páncreas, mientras que la exposición al bromoetileno causa cáncer de hígado. Por lo tanto, está claro que aumentar los niveles de exposición a estas sustancias pondría en riesgo la vida de los trabajadores.

¿Por qué cree que el Gobierno español ha cambiado su primer criterio a pesar de que el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo desaconsejó aumentar los valores límite medioambientales para estas sustancias?Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Creemos que el Gobierno español ha cedido a las presiones de los esfuerzos de los grupos de presión de la industria (lobbies), que buscan maximizar sus beneficios a expensas de la salud de los trabajadores.

¿Confía en que el Gobierno español reconsiderará su última propuesta?

Confiamos en que el trabajo realizado contra esta decisión por parte de nuestras confederaciones sindicales españolas se traduzca en una reconsideración de la propuesta. Para nosotros es una cuestión de derechos humanos. El Gobierno español debería tenerlo siempre en cuenta, pero quizás le interese aún más en este periodo electoral.

¿Cómo definiría el actual marco legislativo europeo para la protección de los trabajadores?

La UE cuenta con un marco jurídico bastante sólido que cubre varios riesgos. Las normas de la UE tienen un impacto directo en la salud y la seguridad de los trabajadores. Pero la UE debe hacer más esfuerzos. La CES pide que se incluya en la futura estrategia de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo una visión de cero accidentes mortales en el trabajo y una visión de cero cáncer relacionado con el trabajo, así como una nueva revisión de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos en el trabajo. También queremos una Directiva de la UE en el ámbito de los riesgos psicosociales en el trabajo y un marco legislativo completo sobre los trastornos musculoesqueléticos. La Comisión Europea también debería proponer un instrumento legislativo para proteger a los trabajadores de las altas temperaturas en el lugar de trabajo. Además, debería desarrollarse un plan ambicioso para prevenir la exposición al amianto, incluida una revisión de la Directiva de la UE sobre el amianto.

Las organizaciones de trabajadores cuestionan la afirmación de que, para aumentar la competencia, debe aumentarse el riesgo de silicosis y cáncer de pulmón en los trabajadores. ¿Qué opina de los argumentos presentados por las autoridades españolas?

Esta narrativa se hace eco del afán a corto plazo de la codicia corporativa. Como ya se ha dicho, para nosotros es una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, también hay razones económicas para proporcionar una protección completa de la salud y la seguridad de los trabajadores, ya que los costes de las enfermedades profesionales y los accidentes compensan la inversión que deberían hacer las empresas para cumplir la normativa en materia de salud y seguridad.

Según las estadísticas más recientes del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), en 2012 se registraron 2,63 millones de nuevos casos de cáncer y 1,28 millones de muertes por cáncer en los 28 países de la Unión Europea.

Ese mismo año, 7,16 millones de personas en la UE vivían con un cáncer preexistente. Estas enfermedades acarrean costos sustanciales para las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. En un estudio reciente, el coste social de todos los cánceres combinados para la EU se estimó en 126 000 millones de euros en 2009.

¿Hasta dónde puede llegar el movimiento sindical para evitar mayores daños a la salud de los trabajadores expuestos a estas sustancias?

Los cánceres profesionales representan más de 100.000 muertes al año en la UE, pero podrían evitarse eliminando los carcinógenos en los procesos de producción. La CES acoge con satisfacción el trabajo realizado por la actual Comisión Europea, introduciendo nuevas limitaciones vinculantes en la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos en el trabajo. Queremos que la próxima Comisión haga lo mismo. El objetivo sindical es que la UE establezca límites de exposición para las 50 sustancias cancerígenas responsables del 80 al 90% de la exposición laboral en los Estados miembros. Además, la Directiva debería ampliarse a las sustancias tóxicas para la reproducción.