Un juez investiga a un diputado andaluz del PP por “prevaricar” en la compra de una finca cuando era alcalde en Granada

El Juzgado de Instrucción 1 de Huéscar (Granada) investiga al exalcalde de Puebla de Don Fadrique y actual diputado autonómico del Partido Popular, Mariano García Castillo, por su papel en la compra municipal de una finca rústica por 600.000 euros, una operación que, según los denunciantes, generó un perjuicio económico de cerca de 300.000 euros a las arcas del Ayuntamiento.

El auto de apertura de diligencias, de julio de 2024, señala como investigadas a varias personas, entre ellas el propio García, por un posible delito de prevaricación administrativa. La denuncia presentada también recoge indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental e intrusismo profesional. El parlamentario y exregidor defiende su actuación y considera que el caso es una “persecución personal”.

Mariano García es diputado del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía desde junio de 2022, ocupando las comisiones de Justicia, Universidad, Desarrollo Educativo, portavoz de la de Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y miembro del grupo de trabajo relativo a la inteligencia artificial. Hasta mayo de 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones locales, García era cargo público en el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique, del que había sido alcalde desde 2011 y, tras ser nombrado parlamentario, estuvo ejerciendo durante un año más como concejal de Turismo.

Los hechos que se investigan se iniciaron durante su mandato como regidor y mientras fue responsable de Turismo. Junto a él, están investigados el vendedor de la finca, la actual alcaldesa y varios ediles del PP y una del PSOE. Aunque García está aforado por su condición de parlamentario andaluz, puede ser investigado por la justicia ordinaria.

Su aforamiento sería efectivo si el juez de instrucción considera necesario que declare como investigado. En ese caso, si así lo solicita el propio García, deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien le tome declaración por ser aforado. Entre tanto, el juez ordinario puede avanzar en la investigación, según confirma una fuente autorizada del tribunal. De momento, el juzgado de instrucción lo mantiene como investigado, pero no ha considerado necesaria su declaración.

La compra sin publicidad de una finca, bajo la lupa

El origen de esta investigación está en la compra por parte del municipio de una finca de 208 hectáreas, ubicada en los parajes de Los Collados y Los Castillos de La Sagra, en mayo de 2023 a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, fue presentada por la asociación ecologista La Sagra y el concejal de Podemos, Hilario Sánchez Díaz, que consideran que esa modalidad de compra se utilizó de manera irregular, ya que exige que el bien tenga una singularidad histórica, cultural o técnica que, según los denunciantes, la finca no tiene.

Consideran que la compra tendría que haberse efectuado tras un concurso público en el que los criterios hubiesen sido transparentes y claros. De hecho, sostienen que el terreno está compuesto en más de un 90% -188 hectáreas- por matorral, pinar improductivo y monte, sin edificaciones ni infraestructuras, y que la parte más valiosa del terreno -50 hectáreas- fue segregada previamente por el vendedor y no entró en la compraventa.

“Han dilapidado medio millón de euros en un erial sin ningún valor singular”, argumentan en el texto de la denuncia, al tiempo que acusan al Ayuntamiento de haber inflado artificialmente el valor de la parcela mediante una memoria justificativa que atribuía a la finca intereses geológicos, turísticos y culturales sin respaldo técnico.

Según los denunciantes, el informe del arquitecto municipal que tasa el valor de la finca en 600.000 euros califica el suelo con un valor por hectárea de alrededor de 2.500 euros, muy por encima de la tabla de la Junta de Andalucía que sitúa el valor en el entorno y por debajo de los 1.000 euros. El valor real, según los denunciantes, estaría en torno a los 300.000 euros. El desembolso supone casi un tercio del Presupuesto anual del municipio.

Por otra parte, argumentan que ese tipo de informes para suelo rústico solo puede firmarlos un ingeniero agrónomo. En dicha memoria, otro de los informes que dan valor a la compra lo firma el propio Mariano García, como él mismo reconoce, para explicar por qué este terreno es relevante para el municipio. Los denunciantes lo consideran irregular, ya que no tiene los conocimientos técnicos para ello -es profesor de biología- ni es la persona adecuada, teniendo en cuenta su implicación directa como exregidor y concejal del Consistorio que efectúa la compra. No solo eso, consideran que también se habría manipulado la tipología del terreno para hacerla pasar por encinar, lo que explicaría por qué el valor de la hectárea es mayor en la memoria que en la tabla de referencia de la Junta.

Un expediente impulsado por el exalcalde y parlamentario

La cronología de los hechos sitúa al parlamentario del PP en el centro de la investigación. El expediente que dio pie a la compra de la finca fue impulsado por el propio Mariano García cuando todavía era alcalde, en 2021. Después de ser elegido diputado andaluz en julio de 2022, continuó como concejal de Turismo y mantuvo su implicación directa en el proceso. De hecho, el pleno municipal aprobó la compra en mayo de 2023, a escasos días de las elecciones municipales, con los votos favorables de los concejales del PP y una edil del PSOE, pero García no dejó de ser edil hasta varias semanas después.

Para la acusación, la compra de la finca supuso una importante merma en las arcas municipales. La adquisición rondaba el 30% del presupuesto municipal que suele manejar el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique, en un momento en el que además contaba con un remanente de tesorería que superaba los 2 millones de euros, según se recoge en la denuncia.

Por todo ello y casi un año después de que se abriese la instrucción, el juzgado ha citado para el próximo 11 de junio a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia. También comparecerán como testigos la secretaria-interventora del ayuntamiento y otra trabajadora municipal. Según la acusación, de esas declaraciones podrían pedir nuevas imputaciones si entienden que se cometieron más irregularidades. Por su parte, Mariano García no tendrá que declarar hasta más adelante y, entonces, su condición de parlamentario andaluz y por lo tanto aforado podría hacer que no declare si lo solicita ante el tribunal, en cuyo caso se abriría un proceso para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por ahora, el juez instructor de Huéscar puede seguir investigando, ya que el aforamiento no se activa de forma automática. Fuentes del TSJA explican que si durante la instrucción el juez considera que existen indicios sólidos contra García, deberá remitir una “exposición razonada” al alto tribunal andaluz, explicando por qué cree que el diputado debe ser investigado por un tribunal superior. Mientras tanto, el magistrado no puede citarlo formalmente a declarar.

García no ha comunicado voluntariamente su condición de aforado ni ha pedido comparecer, aunque ha expresado que, si lo citan, acudirá y ejercerá sus derechos. Desde el tribunal insisten en que este tipo de investigaciones pueden dilatarse, ya que requieren del análisis de la documentación administrativa y técnica antes de decidir si elevar el caso.

Una finca supuestamente “única”

El diputado del PP defiende la legalidad de la operación, que considera plenamente justificada. García niega que hubiera sobreprecio, y ha remitido a este periódico las escrituras que firmó el anterior propietario de la finca. En dicho documento aparece que en 2009 se pagó por ese terreno 950.000 euros e insiste en que existen otras operaciones similares en la comarca que han superado ese valor. “Se vendió una de 410 hectáreas por 1,6 millones. Otra de 10 hectáreas por 400.000. ¿De qué sobreprecio hablamos?”, dice. Según él, “si hoy el ayuntamiento la vendiera, sacaría el doble de lo que pagó”.

Según relata, mantuvo conversaciones con el vendedor, que también está siendo investigado, meses antes de iniciar el proceso de compra, en las que este le trasladó varias ofertas. Fue entonces cuando decidió consultarlo con su equipo de Gobierno. El exregidor insiste en que la localidad no sería “nada” sin el paraje natural de La Sagra y que, tras varias ofertas a la baja, entendió que era “una buena oportunidad” para la Puebla de Don Fadrique.

García reconoce que firmó uno de los informes justificativos del expediente, aunque no el técnico-económico, y sostiene que la finca es “única” en la zona. “Yo soy biólogo, conozco el territorio. Me pidieron hacer un informe con los valores medioambientales y lo hice. Todo lo que recogí es verificable: la Sagra es un lugar de interés geológico, hay cabra montés, hay setas… No me inventé nada. Si eso es un delito, que me lo digan”, afirma. “Es como contratar a Ricky Martin: solo hay uno. Esa finca tiene un valor estratégico para el turismo de la Puebla”, dice.

“Una persecución personal”

Mariano García cree que la investigación judicial responde a una persecución personal por parte de los denunciantes. “El abogado que está detrás fue contratado por el ayuntamiento y dejó de trabajar allí cuando yo era alcalde. Desde entonces va a por mí”. Advierte de que han iniciado más procesos judiciales contra él, pero reta a “cualquiera” a que compruebe si la secretaría municipal le hizo alguna vez algún “arreglo” para sacar adelante sus políticas. “Me llevaba bien con los denunciantes, pero ahora por lo visto no. Les he querido explicar las cosas, pero no han querido escucharme”.

Por ahora, ni García ni su defensa han comunicado formalmente al juzgado su condición de aforado, pero no descarta emplear su condición de parlamentario para no tener que aguantar “denuncias de esta gente cada cinco meses”. El diputado dice que todo fue legal y que él no se iba a jugar el pan de sus hijas “por comprar una finca en La Sagra”. Su situación económica, recuerda, es pública como la de cualquier cargo de su relevancia.

Sin embargo, los denunciantes defienden que el uso del procedimiento negociado sin publicidad fue una maniobra para evitar la licitación pública y adjudicar directamente la compra a un conocido del exalcalde, sin concurrencia ni tasación independiente. Según su versión, si el ayuntamiento hubiera abierto un concurso público, podrían haberse presentado otras ofertas con terrenos de mejores características o a un precio más bajo. “Lo que se hizo fue forzar la ley para beneficiar a una persona concreta. Si esto no es corrupción, que alguien lo explique”, aseguran.

El caso sigue en fase de instrucción. El juzgado ha reclamado ya el expediente completo al ayuntamiento y, en función de las comparecencias y de la documentación, decidirá si amplía las imputaciones o traslada la causa al TSJA si finalmente se activase el aforamiento.