Trabajadores de atención al usuario de la Universidad de Granada, a la huelga por no subrogarse sus puestos de trabajo

Los trabajadores del Centro de Atención a los Usuarios (CAU) de la Universidad de Granada (UGR) están en huelga hasta nuevo aviso. Lo están porque se sienten víctimas de una decisión de la institución académica que, consideran, les deja en la calle porque no exige a la nueva empresa que llevará el servicio que subrogue sus contratos. Según denuncian, a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), lo que está ocurriendo vulnera sus derechos y los principios de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Directiva 2014/24 sobre contratación pública y el Estatuto de los Trabajadores que, afirman, obliga a la nueva entidad a subrogarlos una vez se haga con la gestión del servicio.

El conflicto nace desde que la UGR publicó, a finales de 2019, un pliego de condiciones por el que cualquier empresa podía optar a hacerse cargo del servicio gestionado por el Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la Universidad de Granada (CSIRC). Entonces, los trabajadores comprobaron que dicho pliego no incluía en ningún apartado la obligatoriedad de subrogar sus contratos para que sigan trabajando en sus puestos con la nueva empresa concesionaria. Aunque esa cláusula no ha aparecido en ningún pliego previo, sí que se ha tomado por costumbre subrogar, porque, según explican los trabajadores “Sí que había interés por parte de la dirección de esos años que nos recontrataran, sobre todo, por mantener esa experiencia. Desde el principio se valoró que los trabajadores hubieran tenido experiencia en el CSIRC como becarios”. Ahora, al descubrir que no existe tal compromiso ni verbalmente ni por escrito, han decidido reivindicarse.

En total, son seis los trabajadores del CAU que temen verse en la calle el próximo 1 de julio, fecha en la que acaba el contrato con la concesionaria actual del servicio, Bios Technology, si no se añade esa cláusula al pliego que ha permitido que Gestión de proyectos de información y comunicaciones (GEPIC), la nueva entidad, se haga con la gestión de esta unidad que se encarga de la asistencia telemática a los usuarios de la Universidad de Granada. Una función que no está disponible desde que el pasado 15 de junio los trabajadores decidieron ir a la huelga.

Apoyados en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y con el respaldo del comité de empresa del personal laboral de la universidad (PAS), los técnicos del CAU piden que se respeten sus derechos y que este cambio de empresa no afecte a la antigüedad con la que cuentan. También se amparan en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para continuar con su reclamación, ya que este menciona explícitamente la obligación de subrogar a los trabajadores. Además de eso, hace unos días impugnaron el contrato público y están presentando denuncias ante la inspección laboral.

Presiones durante la huelga

Hasta el momento, todos los empleados están participando en la huelga y según reconoce Óscar Barrero, uno de los trabajadores, “está teniendo efecto porque el servicio de informática está preocupado, se ven desbordados para gestionar las incidencias”. A su vez avanza que desde la Universidad de Granada “no nos han dado todavía ninguna respuesta”. En ese sentido, los trabajadores y el SAT apuntan a Francisco Cano, director del CSIRC, como uno de los principales responsables de la situación.

“Hemos intentado hablar muchas veces con él, pero no lo hemos conseguido porque simplemente nos contestó a un correo”, dice Barrero. Para el SAT, la implicación de Cano es total porque ven en el pliego una “cesión absolutamente favorable” para el empresario Ignacio Soto, CEO de GEPIC. En el sindicato creen que la decisión de Cano es “arbitraria” y “debe ser rectificada por las autoridades superiores de la institución universitaria”. Por eso, están presionando a la Universidad de Granada, incluyendo a la rectora, Pilar Aranda, para lograr que se frene el acuerdo si no hay subrogación.

Mientras tratan de resolverlo, la huelga está abriendo un nuevo frente que ya ha provocado la denuncia de los trabajadores y el SAT ante la inspección de trabajo. En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, los denunciantes aseguran que el director del CSIRC, Francisco Cano, lleva “desde el día 10 de junio presionando a los trabajadores para que no secunden la huelga”. Denuncian que “además de las presiones en pos del esquirolaje, la UGR ha decidido puentear las comunicaciones con la centralita del CAU y ha ofrecido diferentes medidas a la comunidad universitaria para duplicar los servicios del CAU”.

“No podemos subrogarlos”

Tanto la versión de la Universidad de Granada como la de la nueva empresa que gestionaría el CAU coinciden y son opuestamente distintas a las que ofrecen el SAT y los trabajadores de la unidad de asistencia telemática. Por parte de la institución académica, el director del CSIRC, Francisco Cano, explica a eldiario.es Andalucia que “nosotros no podemos exigir a la empresa nueva a que subrogue a los trabajadores, porque no existe en el convenio esa figura”. Y recalca, “no existe el concepto de subrogar, sino el de volver a contratar a los trabajadores”.

“Es potestad de la empresa, porque nosotros no la contratamos, sino que contratamos su servicio, por lo que nosotros estamos con las manos atadas”, añade Cano. El director del CSIRC matiza que los trabajadores “no eran nuestros, sino de Bios Technology”. Para el representante de la UGR “como mucho podemos hablar con ellos, como otras veces se ha intentado”. Admite que “el contrato aún no está firmado” y que “los trabajadores pueden demandar a la nueva empresa si así quieren, pero no a la universidad porque nosotros no podemos hacer más”.

“La huelga nos hace daño”, concede el director del CSIRC. No obstante, se defiende de las acusaciones del SAT que le señalan como responsable de presionar a los trabajadores para que vuelvan al trabajo: “No sé cómo puedo presionarles si ni siquiera son trabajadores de la universidad”. Tampoco entiende por qué también se le señala como culpable de que no se subroguen los contratos cuando “nos decidimos por esta empresa porque había una serie de mejoras con respecto a la otra que participó del pliego”. Asegura que no firmó ningún informe a favor GEPIC y que para dar una concesión se tienen en cuenta “muchos factores”.

Por su parte, la nueva empresa y blanco de los trabajadores, afirma que “no podemos subrogar a los trabajadores porque en el pliego de condiciones no se especificaba en ningún caso”. Lo dice Ignacio Soto, CEO de la entidad. “Aunque quisiéramos, tampoco sería posible porque la calificación que tienen los trabajadores no encaja con la que debería ser y esa no es una cuestión que nosotros hayamos decidido”, añade.

Sin embargo, desvela que desde la Universidad de Granada se pusieron en contacto con ellos para pedirles un cambio de criterio sobre la subrogación: “Los técnicos nos dijeron que había que subrogar los contratos, pero eso no aparecía en el pliego”. Confiesa que “si hubiésemos sabido antes lo que iba a pasar con los trabajadores, nos habríamos pensado si participar en el concurso para acceder al servicio”. Además, dado que el servicio empezará presumiblemente en julio, el representante de GEPIC reconoce que “aunque el contrato no está firmado todavía, nosotros ya tenemos previsto qué equipo trabajará en el CAU”.

A última hora, fuentes del SAT han indicado a este medio que desde GEPIC se han mostrado favorables a negociar una solución con los trabajadores. “Pero esto no quiere decir que vayan a contratarlos”, señalan desde el sindicato. Por eso, sin solución a corto plazo, seguirán de huelga hasta que se aclare el futuro de estos seis empleados y sentencian: “Nos seguiremos movilizando si hace falta”.