PP y Cs evitaron vetar en Andalucía la contratación pública de empresas de paraísos fiscales un año después de fichar a una con sede en Panamá

Justo un año después de que la Junta de Andalucía contratara los servicios de una consultora con sede en un paraíso fiscal, el PP quiso enmendar un punto de una Proposición No de Ley en el Parlamento defendida por Adelante Andalucía relativa a la inclusión de cláusulas sociales y antielusión fiscal en la contratación del sector público andaluz. Los populares votaron en contra de ese punto de la PNL y se abstuvieron en otro, al igual que hizo Ciudadanos, si bien la propuesta salió adelante y con el texto que había planteado Adelante Andalucía.

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía, cabe recordarlo, contrató en septiembre de 2019 los servicios de la empresa Sortis Telecomunicaciones SL para realizar actuaciones iniciales de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La compañía tiene su domicilio social en la calle Goya de Madrid pero cuenta con una sede en Panamá bajo el nombre Sortis Networks SA, constituida en 2014 y gestionada por Esperanza Fong, una empresaria investigada en el caso Financial Pacific por presunto delito de blanqueo de capitales.

Según consta en el diario de sesiones del pasado 16 de septiembre, de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento andaluz, el PP presentó una enmienda al punto 3 de aquella PNL, que rezaba así: “La inclusión en la citada norma de la obligatoriedad, para aquellas empresas licitantes obligadas a su presentación a la Agencia Tributaria, de hacer públicos sus informes «país por país», y así poder saber si sus operaciones a través de paraísos fiscales corresponden a actividad económica real”, según el texto propuesto por Adelante y que finalmente fue aprobado, como quedó publicada definitivamente en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) del pasado 14 de octubre.

La “citada norma” a la que aludía ese punto se refiere al punto 2 de la PNL aprobada, en la que el Parlamento insta al Consejo de Gobierno de la Junta a “la elaboración de una norma que obligue a la inclusión en todo pliego de contratación del sector público andaluz, del mentado listado de cláusulas sociales, según corresponda conforme a su naturaleza, debiendo contar con sus correspondientes sistemas de verificación y control de cumplimiento”.

De obligación a compromiso

Pues bien, el PP proponía que la “obligatoriedad” para empresas licitantes se quedara en “una declaración responsable” o “una cláusula ética”. En concreto, el texto que los populares proponían para ese punto 3, sobre el que finalmente votaron en contra al rechazar Adelante la enmienda, decía lo siguiente: “El Parlamento de Andalucía valora positivamente el estudio de la posible utilización de la contratación pública como instrumento para luchar contra las operaciones comerciales en paraísos fiscales que sean contrarias a la normativa tributaria, mediante la introducción en los pliegos de la exigencia de una declaración responsable o bien la inclusión de una cláusula ética para que los licitadores se comprometan a no realizar operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, como medidas destinadas a promover la libre concurrencia y la prevención del fraude en la contratación pública”.

El primer punto de la PNL insta también a la Junta a “que inicie un período de consultas con organizaciones sociales y sindicales para la elaboración de un listado de cláusulas sociales, que respondan a los principios contenidos en el artículo 174 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que serán incluidas en la contratación del sector público andaluz”.

La diputada de Adelante Andalucía que defendió la PNL, Luz Marina Dorado, dijo que “la contratación pública socialmente responsable no es compatible con la operativa empresarial de paraísos fiscales. Nuestra comunidad podría remar en este sentido, porque, además, legalmente está más que amparada para ello. Pero que los grupos se posicionen positivamente a este efecto para tener una economía más transparente, fuerte y donde la corrupción se ataje de forma efectiva”.

En ese sentido, esperaba “crear consenso entre los grupos” después de que Oxfam Intermón les facilitara información a ese respecto a todos los partidos políticos. Pero no lo encontró en PP y Ciudadanos, que solo votaron a favor en el punto 1, el de iniciar “un período de consultas con organizaciones sociales y sindicales para la elaboración de un listado de cláusulas sociales”, absteniéndose conjuntamente en el punto 2 y votando conjuntamente en contra en el punto 3.

La representante del PP en aquella comisión, Rosalía Ángeles Espinosa, no veía “la necesidad” de aprobar el punto 2 “porque las cláusulas sociales y medioambientales tienen que ser adecuadas al objeto del contrato y al sector de la actividad, un exceso de regulación a nuestro entender siempre perjudicial”, advirtiendo de la interposición de la citada enmienda al punto número tres. “Y solo hacer una reflexión, para terminar: los empresarios no son los enemigos, son los amigos del progreso y de la creación de trabajo. Para luchar contra la evasión fiscal están las autoridades tributarias y las normas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros aquí tenemos que perseguir mayor calidad, transparencia, simplificación de trámites, proporcionalidad e imparcialidad, y sobre todo integración social, respeto de los derechos de los trabajadores y defensa del medio ambiente”, argumentó la diputada del PP.