La Junta de Andalucía contrató los servicios de una consultora con sede en un paraíso fiscal ocho meses después de la investidura de Moreno

La Junta de Andalucía contrató en septiembre de 2019 los servicios de la empresa Sortis Telecomunicaciones SL para realizar actuaciones iniciales de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La compañía tiene su domicilio social en la calle Goya de Madrid pero cuenta con una sede en Panamá bajo el nombre Sortis Networks SA, constituida en 2014 y gestionada por Esperanza Fong, una empresaria investigada en el caso Financial Pacific por presunto delito de blanqueo de capitales.

Sortis, que cuenta con una sede en el conocido paraíso fiscal latinoamericano, ha sido noticia estos días al ser contratada también por Correos para un “servicio de consultoría en materia de telecomunicaciones”, según informó El Mundo. Lo cierto es la misma compañía fue la adjudicataria de un contrato de tres meses para un “Servicio de consultoría para realizar actuaciones iniciales de adecuación al esquema nacional de seguridad en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio” de la Junta de Andalucía, adjudicado el 23 de septiembre de 2019 y con un importe de adjudicación, con IVA, de 17.627,28 euros.

Aquel contrato se formalizó definitivamente el 30 de diciembre de 2019. “No hay más contratos con esa empresa”, aseguran fuentes de la citada Consejería, que detallan que “se recibieron tres ofertas” y que se optó por la de Sortis “al ser la más económica”. Las ofertas rechazadas no se colgaron en el portal de contratación de la Junta al tratarse de un contrato menor, por debajo de los 15.000 euros, si bien el IVA hizo que la cuantía total superara los 17.000 euros.

Carencias en ciberseguridad

Desde la compañía Sortis no han querido por el momento hacer valoraciones respecto a estas contrataciones pese al contacto telefónico que este periódico realizó el pasado miércoles.

En Andalucía, la aprobación el pasado octubre en la Comisión parlamentaria de Hacienda, Industria y Energía de una Proposición No de Ley relativa a la inclusión de cláusulas sociales y antielusión apostaba por contribuir a que la contratación pública, que moviliza 1.200 millones anuales, fuera instrumento para la cohesión social.

En el documento firmado por la secretaria general técnica de la Consejería se argumentó que, en un informe de estado sobre la política de seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, se ponían de manifiesto las carencias de los organismos de la Junta en materia de organización de la ciberseguridad, motivo por el cual se había establecido por parte de la Junta un Plan de Acción 2019-2020 de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Una vez adjudicado el contrato, la Junta incluso se puso en contacto con Sortis para dar de alta a la empresa en el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, según ha comprobado este medio.