El PP y Vox vetan de la comisión que aprobará la polémica ley de regadíos en Doñana a los expertos contrarios al plan

Miguel Delibes no ha sido citado a comparecer en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz que aprobará la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. El presidente del Consejo de Participación del Parque Natural aparecía en el listado de propuestas de las tres izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante-, pero PP y Vox han impuesto su mayoría para dejarle fuera, junto al director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, y a un miembro de la Unesco, todos ellos muy críticos con la norma que avala el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

El Parlamento andaluz ha reactivado este miércoles la tramitación de la ley, después de que el PP frenase su recorrido hace un mes para evitar que las comparecencias de los agentes sociales coincidiese con la campaña de las municipales. La Comisión de Fomento, presidida por el PP, ha aprobado una lista con 23 personalidades que desfilarán por la Cámara el próximo 13 de junio para exponer su visión sobre la proposición de ley de PP y Vox.

Han quedado fuera muchos de los comparecientes que ya visitaron el Parlamento la pasada legislatura, cuando se tramitó la primera iniciativa legislativa sobre regadíos en el entorno de Doñana. La ausencia más llamativa es la de Delibes, que preside desde hace años el órgano donde están representados todos los actores implicados en la conservación del Parque Nacional, incluidas las administraciones.

El Consejo de Participación de Doñana es quien debía recoger y analizar el proyecto de ley que permitirá recalificar tierras de secano próximas a la reserva natural para que puedan acceder a permisos de riego agricultores que vienen esquilmando el acuífero de Doñana desde hace años. Sin embargo, la Junta decidió tramitar la iniciativa a través de los grupos parlamentarios que la sustentan -PP y Vox-, esquivando así la obligación de escuchar el informe preceptivo de dicho órgano.

Moreno ya sabe la opinión de Delibes, la conoce de primera mano -él mismo ha reconocido que le telefoneó para expresarle su rechazo frontal personalmente- y la conoce por su rotunda comparecencia parlamentaria, hace un año: “Esta proposición me parece irresponsable, desleal, frívola, irritante, inconsistente, un sinsentido”, dijo.

Delibes advirtió a la Cámara que la iniciativa iba a “agitar el avispero” de la comarca onubense, desatando el enfrentamiento de unos con otros -agricultores legales con ilegales, alcaldes, ecologistas, autoridades locales y europeas-, para concluir que “se está dañando a Doñana”. “Conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario, es alimentar la tensión, es confrontar y querer enfrentar a papá y mamá para cabrear a los niños”, sentenció.

Cuando hizo esta denuncia en el Parlamento, hacía apenas un mes que Miguel Delibes había recibido la Medalla de Andalucía de manos del propio Moreno, que reconoció su compromiso medioambiental, y luego escuchó cómo éste alertaba en términos muy duros sobre la ley de regadíos.

Su comparecencia la pidieron tres grupos: PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, que entonces formaba Gobierno de coalición con el PP. El criterio que usó entonces la comisión para citar a los agentes sociales es que aparecieran en la lista propuesta de, al menos, tres grupos parlamentarios. Fue el caso de Delibes y de Revilla entonces, y lo vuelve a ser ahora, pero esta vez ha cambiado el criterio, y PP y Vox han optado por excluirles. Los populares defienden que “ya conocemos su criterio”.

Los socialistas acusan a Moreno de tener “tics de pequeño dictador” y de “vetar” las opiniones críticas contra la ley de regadíos próximos a Doñana, incluido científicos, ecologistas y comunidades de regantes de Huelva. “Quieren silenciar las visiones diversas que hay sobre este asunto en la corona norte”, ha denunciado el diputado del PSOE-A, Mario Jiménez, advirtiendo del “daño reputacional que se le está haciendo al fruto rojo de Huelva y al prestigio internacional de Doñana”.

El PSOE-A pide al PP que rectifique y “levante el veto a Delibes”. En la lista de comparecientes aprobada este miércoles también aparece la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a propuesta de PP y Vox. Ribera se ha posicionado de forma muy rotunda en las últimas semanas contra la ley, tanto en sus comparecencias como en redes sociales, pero un informe de la Abogacía del Estado exime a los ministros de rendir cuentas ante parlamentos autonómicos (a este criterio se han acogido tanto ministros del PSOE como del PP).

Aprobarse tras las generales

La norma ya tiene el rechazo explícito de la Comisión Europea, que amenazó a España con sanciones millonarias si sale aprobada del Parlamento, y del propio Gobierno de Pedro Sánchez, que presentará un recurso de inconstitucionalidad en cuanto vea la luz. Esto último podría ocurrir apenas cuatro días después de las elecciones generales del 23 de julio, si el PP mantiene su idea de aprobar la norma en el último Pleno del periodo de sesiones, fijado para el 27 de julio.

Entonces el Ejecutivo estará en funciones, pero sigue teniendo potestad para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con todo, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha matizado hoy ese calendario y ya no descarta que la aprobación de la ley se posponga hasta septiembre u octubre, en el inicio del próximo periodo de sesiones.

El listado de comparecientes finalmente aprobado con los votos de PP-A y Vox suma 23 nombres, incluido el de los alcaldes de los municipios onubenses de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, donde se ubican los terrenos susceptibles de recalificación para poder regar.

La comparecencia está fijada para el 13 de junio, cuatro días antes de que se constituyan los ayuntamientos resultantes de las elecciones municipales del pasado domingo, de ahí que los alcaldes sean los mismos, aunque algunos han perdido su puesto: Lucena y Rociana estaban gobernadas por el PSOE y ha ganado el PP; Moguer y Bonares se mantienen con regidores socialistas; y Almonte sigue dirigido por Ilusiona, un partido independiente con un alcalde ex socialista.

Boicot en los mercados europeos

La polémica en torno a Doñana, tanto por la ley de regadíos como por el macrocomplejo urbanístico al que la Junta concedió la autorización ambiental, ha formado parte de la campaña de las municipales. Ha habido un pulso entre el Gobierno de Sánchez y el de Moreno en el que se han implicado personalmente el presidente Sánchez y la ministra Ribera, de un lado; y el presidente andaluz con todos sus consejeros, más el propio Feijóo de otro. El resultado del 28M ha sido demoledor para los socialistas en Huelva, que han perdido la capital -la única que gobernaban con mayoría absoluta- y la Diputación Provincial, que llevaba en sus manos desde 1979.

El ruido no ha cesado tras las municipales. Hace dos días, la agencia Efe se hizo eco de la campaña por internet que había lanzado la asociación alemana Campact, con más de 140.000 firmas recogidas, para pedir a las cadenas de supermercados del país, como Lidl o Aldi, que dejasen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana.

Sánchez y Ribera se hicieron eco de la noticia y la difundieron en redes, acusando directamente a Moreno de estar dañando la “reputación en los mercados internacionales” del fruto rojo de Huelva con su “negacionismo ambiental”. El presidente de la Junta respondió, enojado, acusando a Sánchez de hacer exactamente lo mismo al difundir la campaña de Campact, “perjudicando los intereses de Andalucía”.

El 95% de la producción de fruto rojo en España proviene de la comarca onubense, que ingresa 1.500 millones de euros al año de beneficios (el 85% corresponde a las exportaciones al extranjero, principalmente a los mercados europeos). Este miércoles, la asociación Campact ha difundido en Twitter el mensaje que Sánchez publicó condenando el boicot a la fresa roja de Huelva, donde culpabilizaba a la ley de regadíos que promociona el Gobierno de Moreno, pero dándole la vuelta: “Si hasta el presidente del Gobierno español pide que se prohíba la venta de fresas españolas, ¿a qué estáis esperando vosotros Lidl, Aldi, Edeka...?”.

Ni el presidente del Gobierno ni el comisario europeo

El Parlamento también citará a comparecer a representantes de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, de la organización agraria COAG Andalucía, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y del sindicato CCOO-A. El PP ha rechazado la comparecencia de un miembro de la Unesco, que hace unos días emitió un comunicado para advertir del riesgo de que Doñana pierda el título de Patrimonio de la Humanidad. En cambio, han citado a “un agricultor”, Joaquín Regidor García, a la jefa de oficina de Ordenación del Territorio de Huelva, Ana Walerta González; al funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura; al CEO de Ceres Agroforestal, Juan Manuel Ponce; Javier Domínguez Rodríguez, de JDR Abogados; un representante de la Plataforma en Defensa de Regadíos del Condado, Javier Gutiérrez Padilla, y de la organización ecologista WWF España; a representantes de las organizaciones agrarias UPA y Asaja, del sindicato UGT-A, de la organización Freshuelva y a Juan Antonio Millán, de la Confederación de Regantes de Huelva (Corehu).

Tampoco se ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, cuyas comparecencias había solicitado Vox en su propuesta inicial.