WWF lleva a Bruselas el indulto de regadíos en Doñana por “recompensar abiertamente” el uso ilegal del agua

La organización ecologista WWF tiene clara su estrategia para intentar frenar el segundo intento de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno de Doñana: la respuesta más eficaz llegará desde la Comisión Europea, que en su momento ya denunció a España y aquello derivó en 2021 en una condena tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no proteger el parque nacional del expolio de agua. Y por ello ha llamado a la puerta de Bruselas con una carta que ha remitido a las autoridades europeas, en la que alerta de que la nueva proposición de ley “impulsa la utilización ilegal del agua y del suelo” y además “recompensa abiertamente a los ilegales poniendo en peligro el suministro de agua para los agricultores que cumplen la ley”.

“Hemos pedido a la Comisión Europea que intervenga y exija el cumplimiento de la sentencia”, señalan desde WWF, que considera que la propuesta para ampliar la superficie de regadío no sólo supone “un ataque directo a la conservación de Doñana”, sino también “un claro incumplimiento” del fallo del Tribunal Europeo. De hecho, el primer amago hace un año de PP y Vox (entonces con Ciudadanos) propició una contundente carta de Bruselas a España y –pocos meses después– una reclamación al Ejecutivo central para cumplir esta sentencia ante las dudas que alberga sobre los esfuerzos que se están realizando.

España respondió tras el pasado verano con las medidas que está desarrollando para salvaguardar Doñana, entre las que se incluyen el compromiso de que no habrá nuevos regadíos y el desarrollo del conocido como Plan de la Fresa, que ordena los cultivos en la corona norte de Doñana y que es el que se quiere desmontar con esta nueva ley. La Comisión, en una reciente respuesta a preguntas de elDiario.es Andalucía, ha recordado que “está evaluando actualmente” las explicaciones del Estado español, “para decidir si procede un segundo recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el que se solicitaría la imposición de sanciones económicas a España”.

Sanciones y congelación de fondos

De ahí la insistencia de WWF en jugar la carta de que se incumple la sentencia, consciente de que estas cuestiones se las toma muy en serio Bruselas. De hecho, desde la Comisión se señalaba a este periódico que “la ejecución oportuna y correcta de las sentencias del TJUE y de la legislación de la UE es esencial para mantener una base sólida para la Unión Europea”. Y por eso, la organización ecologista pone el foco en que el Plan de la Fresa fue admitido como una de las principales medidas para dar cumplimiento a este fallo judicial, y que si se considera que España no está haciendo los deberes “esto podría acarrear fuertes sanciones y la congelación de fondos comunitarios para la agricultura que recibe Andalucía”.

El indulto que propiciará la ley, inciden los ecologistas en su misiva, supondrá “un claro empeoramiento” de Doñana y “una vulneración deliberada de la sentencia” del TJUE. “Para esquivar la sentencia europea, el PP trata de confundir a la Comisión Europea y a la opinión pública con el falso argumento de que una vez sean legalizados los agricultores que roban el agua del acuífero sólo la recibirán superficial”, algo que insisten en que no es posible porque la normativa estatal (la ley del trasvase desde el Tinto, Odiel y Piedras y el Plan Hidrológico del Guadalquivir) “no permiten incrementar la superficie del cultivo en regadío”.

“Una auténtica burla”

WWF considera así que esta iniciativa de PP y Vox “es otro engaño y una auténtica burla a la sociedad, a los agricultores legales, a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y a la propia Comisión Europea”. En este sentido, sostiene que, aunque la reforma pudiera legalizar el uso del suelo ampliando aún más la superficie de regadío, “seguirá la ilegalidad del uso del agua puesto que la Junta de Andalucía no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua”.

Esta cuestión es potestad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, que lleva un año insistiendo en que no dará nuevos permisos, y así se recoge también hasta en el Marco de Actuación de Doñana, el plan de choque estatal para este entorno dotado con 356 millones de euros. “La política de incremento cero del regadío es piedra angular de la planificación hidrológica en Doñana”, apostilla el documento.