El Gobierno de Susana Díaz ha enviado al Parlamento de Andalucía un tercio de las leyes prometidas para 2017
En un año intenso por su frustrada pugna en las primarias del PSOE, la posterior crisis de gobierno y con el conflicto de Catalunya como telón de fondo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está lejos de cumplir con el compromiso en materia de leyes: de los 30 proyectos de ley prometidos para este año, ha enviado hasta la fecha 10 para su debate en el Parlamento de Andalucía.
Otros 20 no han pasado todavía por Consejo de Gobierno, y teniendo en cuenta que éste suele reunirse los martes, le quedan de aquí a finales de año y si no hay ninguno extraordinario, ocho. De manera que, ante la poco probable situación de se que vaya a más de dos proyectos de ley por Consejo de Gobierno, terminará el año sin completar el calendario aprobado para 2017 y, como las promesas que se remontan a la legislatura pasada, irán para el próximo.
Éste ha sido el primer año en el que el Consejo de Gobierno, obligado por ley, ha aprobado un calendario normativo, en concreto el pasado mes de febrero, y en el mismo contemplaban 30 proyectos de ley y 133 decretos. Por ello, esta medida de transparencia permite comprobar el grado de cumplimiento, que de momento ha sido bastante pobre.
En la última comisión parlamentaria, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, hacía no obstante un balance “positivo”. Cierto es también que del cumplimiento del plan se dará cuenta en un informe que se elaborará en el primer trimestre de 2018 por parte de su departamento, margen de tres meses que le permitirá vender un mejor resultado.
De la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que era la que más proyectos de ley tenía sobre la mesa, con ocho en total, se conseguirá, eso sí, aprobar en tiempo y forma el más importante, el de los presupuestos autonómicos para 2018, siendo la primera autonomía en superar el trámite, dado que está fijado su debate para finales de noviembre en el Parlamento de Andalucía.
No obstante, espera otras siete leyes que están previstas para 2017: sobre Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude; para crear la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía; el de Tasas y Precios Públicos de Andalucía; el de Buen Gobierno y Estatuto de los Cargos Públicos; el de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el de la Ley de Subvenciones; y el de Empleo Público de Andalucía.
Por su parte, la Consejería de Salud no ha pasado por Consejo de Gobierno todavía el Proyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos en materia de Consumo, del que tiene las competencias, y es poco probable que lo haga este año, dado que fue el pasado mes de julio cuando salió a exposición pública con un plazo que concluyó en agosto. Esta norma pretende cambiar una administración de consumo históricamente centrada en funciones de policía en detrimento del desarrollo de otras medidas en positivo (prevención, formación, colaboración con los agentes de consumo y resolución de conflictos). Entre otras cosas aborda la necesidad de mejora los servicios de atención al cliente y regula la estructura orgánica y el funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, tras haber pasado este año por Consejo de Gobierno los proyectos de Ley de Infancia y Adolescencia y Ley del Voluntariado, tiene pendientes los que modificarán la Ley 13/2007 contra la violencia de género, y todavía desde hace más tiempo, porque hay anteproyecto desde el verano de 2015, el que reformará la Ley 12/2007 de promoción de la igualdad de género, además de la Ley de la Juventud de Andalucía, que acaba de cumplir tres años desde su anteproyecto y cuyo retraso justifica el Gobierno de Susana Díaz por el proceso de participación que ha acompañado el texto.
Mientras, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, pese a que en el calendario figuraba el proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, de momento sólo ha pasado el anteproyecto. Tampoco está el proyecto de ley de modificación de la Ley 1/1996 de Comercio Interior de Andalucía. Esta última se contempla precisamente en el marco de otra pendiente, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado en septiembre de 2016.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible es la promesa incumplida hasta la fecha de la Consejería de Fomento y Vivienda, con un anteproyecto que se remonta a septiembre de 2014, y el de la Ley de Formación Profesional de Andalucía está atascado, por su parte, en la Consejería de Educación. Tanto en este último caso como con la Ley de Agricultura de Ganadería el PSOE se comprometió con sus socios de C's que estaría en septiembre en el Parlamento de Andalucía.
Son asignaturas pendientes de la Consejería de Cultura, los proyectos de Ley del Cine, que Manuel Jiménez Barrios ha garantizado que está en estos dos meses que restan de 2017; el de la Ley de Artes escénicas, del que no ha salido siquiera el anteproyecto; y el de modificación de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, que entre otras cosas pretende agilizar la declaración de BIC (bien de interés cultural).
Finalmente, el proyecto de Ley de las Policías Locales de Andalucía, que tampoco ha pasado por Consejo de Gobierno y estaba en este calendario, corresponde a la Consejería de Justicia e Interior. Su anteproyecto se aprobó hace casi dos años.
Mientras, en los decretos, el ritmo ha ido un poco mejor, de manera que de esos 133 queda por pasar por Consejo de Gobierno medio centenar, entre otros el previsto del reglamento para el desarrollo de la Ley de Transparencia, que está a medio gas precisamente por esta carencia; los de los planes de desarrollo de los parques naturales, que ya han superado el trámite de exposición pública; o los de modificación de los estatutos de varias universidades públicas de Andalucía.
