El TSJA declara nula la reapertura de la mina Cobre las Cruces

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la decisión de reabrir de la mina Cobre Las Cruces por parte de la Junta de Andalucía en 2009. El TSJA ha estimado el recurso de Ecologistas en Acción contra la resolución en 2009 de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que levantaba “la suspensión de las labores de profundización de la corta” de estos yacimientos ubicados en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla).

Los trabajos de extracción de cobre no podían reanudarse hasta que se autorizara el sistema de drenaje y reinyección de agua procedente del acuífero sobre el que se sitúa la mina. Sin embargo, según la sentencia, la administración andaluza autorizó la reapertura sin que dicho requisito estuviera aprobado. La sección tercera de lo contencioso-administrativo del TSJA acusa a la Junta de incumplir esta exigencia “de manera grave”. Asimismo, el tribunal considera contrarias a derecho “todas aquellas actuaciones de desarrollo y ejecución de la resolución”, es decir, la explotación minera que las empresas Inmet Mining y First Quantum Minerals (que adquirió el proyecto en 2013) llevan a cabo desde junio de 2009, año en el que se inició la producción.

Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguran que se trata de una cuestión administrativa porque la nueva sentencia anula algo que ya no tenía transcendencia: una resolución de 2009, que se basaba en un informe de la Agencia del Agua, que, como indica la sentencia de 2014, no era un órgano competente. Explican que existe una resolución de octubre de 2013, que sí está basada en un informe de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y del Instituto Geológico y Minero. Los ecologistas también se han querellado contra dicha resolución. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian cómo encajar la nueva sentencia con dicha resolución.

Contra la nueva sentencia cabe recurso ante la misma sala del Tribunal Superior de Justicia tanto por parte de la administración pública como de la empresa, que es codemandada. Los servicios jurídicos de la Junta estudian la posibilidad de presentar recurso de casación, al igual que Cobre Las Cruces, que “estudiará si presenta recurso tras la sentencia emitida”. La empresa añade en un comunicado que, desde su punto de vista, sus actuaciones “están amparadas por las administraciones competentes y que hay resoluciones” que avalan el funcionamiento del sistema de drenaje e inyección y la aplicación de su plan global.

Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, Luis Ocaña, afirma que la sentencia indica que “todas las actuaciones realizadas en la corta minera de CLC desde abril de 2009 hasta la actualidad han sido ilegales y en ejecución de la sentencia, la Junta de Andalucía tiene que ordenar a Cobre las Cruces que suspenda todas las labores mineras”.

Contaminación con arsénico

Los ecologistas subrayan que los “hechos se remontan al mes de mayo de 2008 cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ante las reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción desde mayo de 2007, comprobó que durante la construcción inicial de la corta minera, Cobre las Cruces construyó una gran cantidad de balsas ilegales para almacenar agua contaminada. Esto significaba que el Sistema de Drenaje Reinyección no funcionaba”.

Los pozos llegaron a inyectar agua contaminada con arsénico en el acuífero decretándose la suspensión de la autorización del sistema de drenaje y reinyección por parte de la CHG y de las labores de profundización de la corta minera por la de la Junta de Andalucía entre los meses de mayo y junio de 2008.

Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, explica en clave política la medida tomada por la Junta seis años atrás. “La resolución que se anula se produce el 7 de abril de 2009, el día que dimite Manuel Chaves como presidente de la Junta. Eso no es casual. Hubo una orden política por parte de la Junta para que se reabriera la mina antes de que se hubieran terminado los procesos administrativos que garantizaban la seguridad del acuífero que está debajo de la mina. El señor Chaves no quería irse de Andalucía dejando la mina paralizada”, explica.

La organización ecologista recalca que dicho acuífero es muy importante porque contiene “agua de consumo para el área metropolitana de Sevilla. Cuando venga una época de sequía va a estar machacado en cantidad y en calidad”. La Fiscalía de Sevilla denunció en 2014 a la empresa minera por extraer más agua de la que tenía autorizada entre 2010 y 2014, llegando a sustraer ilegalmente más de 2,5 millones de metros cúbicos.

Una sentencia firme de 2014 del juzgado número 5 de lo contencioso administrativo de Sevilla anula el plan global de gestión de aguas presentado por la mina. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está obligada a tramitar una nueva autorización de vertidos, solicitar una nueva evaluación de impacto ambiental, tramitar una nueva concesión de aguas públicas, realizar un informe de compatibilidad con el plan hidrológico del Guadalquivir y aprobar una nueva autorización ambiental integrada.

“Cierre provisional con urgencia”

Ecologistas en Acción exige la clausura de la mina y estudia solicitar al tribunal que, al menos, lleve a cabo su cierre provisional. Juanjo Carmona, de WWF, cree que los demandantes podrían solicitar “la ejecución provisional” de la sentencia para que se cierre la explotación. “La mina debería clausurarse con urgencia o el tribunal debería actuar contra la Junta y la empresa. Que se anule el permiso para operar no es algo menor. Si no tiene los permisos, no puede operar”.

Tres directivos de Cobre Las Cruces están pendientes de juicio oral por la contaminación del acuífero. Además, Ecologistas en Acción denunciará esta misma semana a los responsables de la resolución de abril de 2009 que ha anulado el TSJA por prevaricación ambiental: desde el entonces consejero de innovación, Francisco Vallejo, hasta el director general general de la Agencia del Agua, pasando por el viceconsejero Jesús Rodríguez, entre otros.

Desde Greenpeace critican que la Junta de Andalucía haya otorgado “más de 600 nuevas concesiones mineras”. “Se trata de un tejido industrial muy importante para Andalucía, pero que también genera muchos desastres naturales, pocos puestos de trabajo y una contaminación que afecta a otros sectores económicos como el turismo, la agricultura o la ganadería”, afirma Juande Fernández, responsable de Greenpeace en Andalucía.