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¿Quién desahucia al desahuciador?
Zaragoza —
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero de 2008 y septiembre de 2014 se contabilizaron en España 360.125 lanzamientos. Las cifras no pararon de crecer en 2014, a pesar de la nueva Ley Hipotecaria.
Al ciudadano se le castiga con inquina cuando no satisface el pago de la hipoteca o del alquiler, pero… ¿Cumplen con sus obligaciones pecuniarias los bancos y los gobiernos? “En muchos casos, no”.
Jorge Herrero es administrador de fincas colegiado y secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Asegura que el Gobierno autonómico siempre ha pagado con retraso “de un par de mensualidades” los recibos de la comunidad, pero que desde 2012, aproximadamente, “la demora alcanza los seis o siete meses”.
Esto provoca que el resto de vecinos se vean obligados a poner el dinero que correspondería al Gobierno de Aragón o, incluso, a hacer frente a intereses bancarios. Reconoce que ha tenido que adelantar alguna cantidad para abonar la nómina de los porteros. “O lo pagamos los administradores o lo pagan los vecinos, pero hacer una derrama para compensar lo que no paga el Gobierno es algo realmente grave”.
Esta situación, aclara Herrero, no solo se da con el Ejecutivo autonómico, sino con casi todas las administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde el Gobierno de Aragón niegan que se produzca dicho retraso. En la actualidad, tiene 452 viviendas repartidas entre Alcolea de Cinca, Barbastro, Binaced, Fraga, Gurrea de Gállego, Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Tamerite de Litera, Escucha, Utrillas, Zaragoza y Calatayud.
De ellas, 58 están cedidas a distintas entidades sociales. El precio al que se alquilan estos inmuebles, tal y como informan desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, oscila entre los 35 y los 250 euros.
Recuerda Herrero que los ciudadanos son sancionados cuando no pagan en plazo un impuesto. También que si un inquilino no abona la comunidad “se le manda una carta y se le lleva al Juzgado”. Pero “a las administraciones no se les puede embargar, ejecutar o expropiar” y el resto de vecinos se encuentran maniatados a la hora de reclamar.
“Me cuesta más trabajo cobrar una cuota a una administración pública que a ochenta vecinos. Nunca te dan un número de cuenta. Lo único que puedes hacer es ir todos los meses allí con el recibo, que lo sellen y ya lo pagarán cuando a ellos les venga bien”, dice Herrero.
Hay ocasiones en que las administraciones disponen de varios pisos en un inmueble y los recibos ascienden a cantidades mayores. El impago de varias mensualidades, en esos casos, puede provocar trastornos graves en la economía de la comunidad. Herrero reclama que, al menos, “hagan la transferencia en el mes que corresponde, aunque sea el día 20”.
“Los bancos siempre pagan mal”
Otro administrador de fincas afirma que lo habitual es que las entidades bancarias, que han desahuciado por impago, abonen la comunidad cada tres o cuatro meses. El caso “más sangrante” que ha vivido en su trabajo fue cuando un banco, después de desahuciar a unos vecinos, tardó cinco años en inscribir el inmueble a su nombre y “seguían reclamando los recibos a los que habían desalojado”.
Al igual que las administraciones, los bancos no dan nunca un número de cuenta, y la comunidad se ve obligada a esperar a que realicen una transferencia. ¿La razón del habitual retraso? “El descontrol”, dice el administrador de fincas.
Jorge Herrero no ha tenido tampoco buenas experiencias con algunos bancos. Una entidad debía 1.300 euros de un solo piso que iba a vender. Le comunicaron al administrador que realizarían la transferencia correspondiente para poder recibir el certificado en el que se indicaba que dicho inmueble estaba libre de cargas.
El ingreso se hizo y el certificado llegó al banco. La sorpresa surgió cuando Herrero recibió una misiva en la que le exigían que devolviera el dinero “porque se habían equivocado”. El administrador se negó a hacerlo y les advirtió de que denunciaría la situación en el Banco de España. Desde el banco le respondieron “que podía ir dónde quisiera y que ellos se iban a presentar como acusación”. Un anuncio que, por el momento, no se ha producido.
