El barrio de El Dique sigue demandando al Ayuntamiento de Caspe el acceso a la red de agua potable

La asociación de propietarios El Dique, que aglutina a unos 200 titulares de parcelas de este barrio de Caspe y que en verano multiplica el número de residentes por cinco, ha solicitado al Ayuntamiento que licite “sin más demora” el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), “dado que desde 2016 existe partida en los presupuestos municipales y hasta la fecha no se ha ejecutado por su dejadez o ineficacia gestora”, asegura su presidenta, Pilar Rodríguez. En su día ya denunciaron que el Consistorio de la localidad les negaba su deseo de incorporarse a la red municipal de agua potable. La exigencia se realiza porque sin la aprobación de dicho PEI no es posible acudir a la convocatoria de subvenciones que el Gobierno de Aragón dirige a entidades locales para que estas mejoren la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

“El Instituto Aragonés del Agua subvencionará con 600.000 euros los proyectos presentados por las entidades locales que serán las responsables de la contratación y ejecución de las actuaciones necesarias”, según reza una orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 25 de junio. El colectivo vecinal considera que el poder acudir a este tipo de subvenciones supone “una gran oportunidad” para que el Ayuntamiento caspolino resuelva “la histórica deuda que tiene con este barrio, que no cuenta con los servicios municipales básicos a pesar de tener una población empadronada de 170 vecinos que residen en el barrio como vivienda principal durante todo el año”.

La urbanización y barrio de El Dique, también denominado como Pescadores, se encuentra junto al pantano de Mequinenza, en la zona conocida como Mar de Aragón, a 2 kilómetros del casco urbano de Caspe. Tiene más de cincuenta de años de antigüedad y está declarada como suelo urbano consolidado según recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe (PGOU), aprobado definitivamente el 27 de febrero de 2015. La asociación recuerda que “la anterior corporación ya adquirió el compromiso para dotar de fondos económicos” al Plan de Especial de Infraestructuras para conectar la red general de agua de Caspe con este barrio periférico.

El Dique ha planteado al actual equipo de gobierno municipal “reiteradamente y sin éxito” que cumpla con la prestación de sus servicios públicos obligatorios, razón por la que se ha visto “obligada” acudir a los tribunales en demanda del reconocimiento judicial de sus derechos. El procedimiento abierto por los vecinos por silencio administrativo contra el Ayuntamiento se encuentra pendiente de sentencia tras haber tenido lugar la vista judicial a mediados de julio en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Zaragoza.

El equipo de gobierno municipal rechaza las críticas y recuerda que la licitación del pasado año quedó desierta y que se ha “comprometido” a realizar modificaciones presupuestarias a fin de incluirla a lo largo de este año, pero todavía no ha concretado el momento y la forma.

70.000 euros por IBI y 50.000 por ICA

La asociación, por su parte, recuerda la “absoluta disponibilidad de sus asociados” para colaborar en el porcentaje del coste de las obras “que legalmente les corresponda”, y se muestra partidaria de que las obras se puedan acometer por fases para facilitar su financiación de manera que no resulten tan gravosas ni a las arcas municipales ni a los vecinos.

En este sentido, los propietarios de parcelas en el barrio de El Dique pagan anualmente unos 70.000 euros en concepto de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) al Ayuntamiento de Caspe, y otros 50.000 euros que recauda el Instituto Aragonés del Agua por el ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) a pesar de no depurar sus aguas

El Consistorio aprobó un año después la licitación del PEI y existen informes municipales que contemplan la posterior ejecución de las infraestructuras necesarias. Pero nada de esto ha sido llevado a cabo hasta la fecha. El coste de las conexiones generales a la red de abastecimiento y saneamiento municipal estaba contemplado por estudios técnicos preliminares y por valor de alrededor de un millón de euros. Una cantidad que, por el cauce legal, debería asumir el Ayuntamiento al tratarse de conexiones a la red general.

Por parte municipal, “no se está prestando ninguno de los servicios municipales obligatorios y sin depurar sus aguas, que parcialmente se vierten directamente al embalse de Mequinenza”. Todo ha ocasionado la incoación de distintos procedimientos sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al Ayuntamiento de Caspe.