Municipios contra los trámites exprés para megaproyectos empresariales en Aragón: “Va contra la autonomía local”

El frenesí de megaproyectos industriales, la mayoría de carácter tecnológico, que vive Aragón en los últimos años tiene un cooperador necesario, que es la figura de los planes de interés general. Esta innovación legislativa, que tuvo su origen en plena crisis del 2008 para revitalizar el tejido empresarial aragonés y que contribuye a reducir sensiblemente los plazos de tramitación, tiene también una cara menos amable: usurpa a los ayuntamientos la iniciativa urbanística y, de paso, les deja sin un ingreso clave para sus arcas, el impuesto de construcciones, el ICIO. Con las inversiones anunciadas en los últimos meses, el volumen de beneficios que dejarán de percibir los vecinos de estos municipios supera con creces los 1.000 millones de euros.

Hasta ahora, pocos alcaldes habían alzado la voz para oponerse a este quebranto de las finanzas municipales ya que anteponían el bien general que suponía el proyecto empresarial de turno. Hace cinco años, el regidor de Villanueva de Gállego, Mariano Marcén, sí que protagonizó una sonora polémica al reclamar a Amazon los 3,5 millones que debía pagar en este concepto, pero al final llegó a un acuerdo con la compañía y con el Gobierno de Aragón. Nadie más había protestado públicamente. Ahora, sin embargo, algo parece estar cambiando. 

El caso más llamativo tiene que ver con los tres centros de datos que proyecta la aragonesa Samca en Luceni. La ambiciosa iniciativa, denominada 'Green It' y en la que la firma aspira a invertir en conjunto más de 2.600 millones de euros, incluye un apartado novedoso, y es la renovación y repotenciación de varios parques eólicos que la compañía tiene desde hace años en tres localidades distintas –Pedrola, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón– y que se estaban quedando obsoletos. Y aquí viene la polémica: tal y como consta en la declaración de inversión de interés autonómico con interés general en Aragón (DIGA) presentada al Ejecutivo autonómico, Samca aspira también a librarse de pagar el ICIO a estos tres municipios al asociar las energías renovables generadas en esas instalaciones –que explota Molinos de Aragón, parte del mismo grupo– a los centros de datos de nueva construcción.

Ninguno de los tres ayuntamientos aceptan pasar por ese oneroso aro, que cuantifican en unos 11 millones de euros. Y el que ha protestado con más ahínco es el mayor de ellos, Pedrola. “El nuestro es un caso inédito. Supone abrir la puerta a algo así y no deberíamos permitirlo”, sostiene la alcaldesa, la socialista Manuela Berges, que está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para frenarlo.

La “autonomía financiera” municipal

En las alegaciones presentadas, Pedrola argumenta que “la inclusión de las instalaciones de generación en la declaración de interés general para su posterior implementación mediante el PIGA tiene por único objetivo eludir el pago del ICIO a los Municipios afectados, lo que vulneraría su autonomía financiera”. Pero el Ayuntamiento va más allá del simple cobro del impuesto y pone en el punto de mira las declaraciones de interés autonómico: “La utilización generalizada de este instrumento especial de ordenación territorial puede vaciar de contenido las competencias urbanísticas que tienen atribuidas los municipios, vulnerando su autonomía”.

La exposición del Consistorio pedrolano recuerda a su vez que la vinculación de las instalaciones de renovables con el proyecto de centros de datos se fundamenta en la ley de energía y autoconsumo que aprobó el Gobierno de Jorge Azcón a finales del año pasado. Una legislación que está en el aire, puesto que –como ya hizo con una normativa muy similar que aprobó el Ejecutivo de Javier Lambán– el Estado se plantea recurrirla ante el Tribunal Constitucional precisamente por exceder las competencias autonómicas.

Y destaca el hecho de que el centro de datos que proyecta Samca es del tipo 'colocation'; es decir, que no lo explotará directamente sino que lo alquilará a empresas especializadas en el sector IT. Dado que se trata de “un proyecto de inversión incierto”, llega a la conclusión de que lo único que busca la compañía al incluir las inversiones en las plantas renovables en el DIGA es “evitar la intervención urbanística de los ayuntamientos afectados por estas instalaciones” y eludir el pago del ICIO, “con la consiguiente pérdida de recursos por parte de estos municipios”.

Los 11,2 millones de euros en que cuantifica el perjuicio económico para los ayuntamientos supone el equivalente al presupuesto municipal de un ejercicio en los tres municipios.

En Rueda de Jalón gobierna el PP pero, aunque con menor vehemencia que Pedrola, su alcalde, José Miguel Echeverría, también ha alegado contra un hecho que, según valora el Consistorio, puede “limitar o cercenar la autonomía tributaria” de la administración local. “En su condición de pequeño municipio, Rueda de Jalón dispone de recursos económicos limitados para garantizar su autonomía financiera”, destaca el Ayuntamiento. Como alternativa, el equipo de gobierno propone impulsar “medidas compensatorias” para los municipios.

Otro caso sonado ha sido el de Villamayor de Gállego, localidad donde se van a desarrollar hasta tres megaproyectos empresariales. Uno, de carácter logístico y agroalimentario, el polígono Clave con el Grupo Costa prevé invertir 900 millones de euros y crear hasta 5.300 puestos de trabajo. Y los otros dos, sendos centros de datos: uno de Microsoft, con 2.200 millones y 300 empleos, y otro de Azora, con cifras similares. 

La oposición del alcalde, José Luis Montero (CHA), se centra en este tercero, el último a su vez en salir a la luz. En el recurso de reposición planteado a la declaración de interés general autonómico del centro de datos, el regidor menciona la falta de “capacidad demostrada en la gestión de centros de datos” del promotor, con lo que la iniciativa no ofrece “las garantías necesarias y exigibles”.

“La sensación de movimiento especulativo casa mal con los sacrificios que se le exigen al Ayuntamiento de Villamayor”, expresa sin medias tintas el alcalde, que entra a analizar los supuestos beneficios que plantea la promotora; desde los “excesivamente generosos” anuncios en cuanto a creación de empleo (174 puestos) a la ausencia de “relación directa entre la construcción de un centro de datos y la aceleración de la transformación digital del tejido económico local”.

“De completarse las previsiones contempladas en este proyecto, y ejecutarse la expropiación de la superficie municipal proyectada, afectaría la labor agrícola de 40 agricultores, el 13% del total de los arrendatarios existentes en la localidad. Villamayor ha sido siempre un municipio en el que el sector agrícola y ganadero ha tenido un peso destacable y, de una manera moderna y competitiva, quiere que siga teniéndolo”, zanja el alcalde en el recurso de reposición.

Malestar

Alcaldes contactados reconocen que tratan de no hacer público su malestar ante la pérdida de ingresos por las declaraciones de interés, que gestiona directamente el Gobierno de Aragón y que implican, además, usurpar competencias urbanísticas municipales u otras herramientas como las expropiaciones. Pero existe. Además, varios de los consultados ponen en duda que los megaproyectos puestos en marcha por las multinacionales pudieran llegar a caerse de tener que pagar el ICIO.

En Aragón, solo en centros de datos, las inversiones anunciadas por las empresas superan en conjunto los 50.000 millones de euros, que en todo caso aún deberán concretarse. Teniendo en cuenta que la tasa que aplican los ayuntamientos en impuesto de construcciones se sitúa por lo habitual entre el 3% y el 4% –con excepciones como El Burgo de Ebro, que la tienen en el 2,5%–, y una vez detraído lo que corresponde a gastos generales y beneficio industrial, que no entra en la base imponible del gravamen, lo que las empresas se van a ahorrar en total gracias a los PIGA puede oscilar entre los 1.200 y los 1.600 millones de euros en caso de cumplir estas inversiones. 

“No entiendo cómo se hace pagar impuestos a la empresa pequeña o al vecino y no a una multinacional”, expresa un antiguo regidor, quien también pone el acento en los planes de interés general autonómico como herramienta expropiatoria: “Yo comprendo que una comunidad autónoma expropie a una administración local para una carretera o un puente, pero no en beneficio de la empresa privada”.