“El espíritu de la Ley Mordaza planea sobre el caso de ‘los 8 de Yesa”
Cuando llamamos a Chema Royo (Zaragoza, 1975), nos comenta que tiene previsto acudir a una manifestación convocada por las Marchas por la Dignidad. Queda claro que a 'los 8 de Yesa' no les han conseguido quitar las ganas de protestar. Y esto, a pesar de que una concentración de octubre de 2012, que parecía que iba a ser pacífica y casi rutinaria, todavía es una pesadilla en junio de 2016. Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio en el que Royo se enfrenta a una petición de seis años y medio de cárcel por esa protesta.
¿Cómo recuerdas los preparativos de la protesta del 10 de octubre de 2012?
Lo tenemos bastante fresco porque nos hemos visto obligados a recordarlo muchas veces. La mayoría de los que formamos parte del grupo de ocho personas imputadas por lo que ocurrió ese día no tenemos ningún recuerdo sobre los preparativos porque no habíamos preparado nada. Era una protesta que se repetía y que organizaba la gente del pueblo de Artieda. Sólo se trataba de acudir y apoyar la concentración.
¿Por qué se convocaban estas concentraciones?
Eran concentraciones contra las expropiaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro estaba llevando a cabo para la realización de las obras secundarias y adyacentes del recrecimiento de Yesa. En este caso, la del 10 de octubre eran por las 60 hectáreas que la Confederación quería expropiar para realizar un camino de 6 hectáreas para acceso de camiones; era una aproximación secundaria a las obras del recrecimiento.
¿Qué había pasado en las tres protestas anteriores?
Que el pueblo de Artieda, con la gente de los movimientos de defensa de la tierra y los medioambientalistas, nos habíamos concentrado con protestas en tono pacífico. Se desplegaban pancartas, se gritaban consignas, se leía algún manifiesto… Los funcionarios de la Confederación preguntaban si había alguno de los propietarios entre los manifestantes y ellos respondían que no estaban dispuestos a firmar los papeles de la expropiación. Si se trataba de una expropiación en el pueblo, en el ayuntamiento, nos concentrábamos allí mismo o en las inmediaciones. Y si iba a ser una expropiación en las tierras propiamente dichas, hacíamos la concentración en los campos que se iban a expropiar. La ley permite expropiar de forma forzosa en los despachos; sólo queríamos ejercer el derecho a la pataleta, la protesta y la discrepancia.
¿La protesta del 10 de octubre empezó de una forma similar?
Algo extraño había porque desde el principio aparecieron los antidisturbios de la Guardia Civil; nunca habían venido. Luego, no hubo ningún acercamiento de ningún guardia civil ni de ningún funcionario de la Confederación para preguntar si estaban o no los propietarios ni si iban a firmar las expropiaciones. Algo raro había.
¿Ni siquiera os avisaron de que iban a cargar contra los manifestantes si no os apartabais de la carretera?
Ésa ha sido una de las claves que se han tratado en el juicio. Te podría decir que no llegaron a avisar, pero, realmente, sólo podemos afirmar que no podemos saber si avisaron o no: estaban a unos 150 metros de nosotros, había gente tocando gaitas, se estaba leyendo un manifiesto con un megáfono, se gritaban consignas... Allí no se oyó ningún aviso. Ni siquiera se acercó ningún guardia civil, que es lo que había ocurrido otras veces. Por eso, en ningún momento nos esperábamos una carga; de hecho, cuando los antidisturbios empiezan a avanzar hacia nosotros con paso decidido, la opinión de la mayoría de la gente es que venían a decirnos que desalojásemos la carretera. Si hubiéramos sabido que iban a cargar… Allí, en la protesta, había también niños pequeños y personas mayores que no llegaron a apartarse. Quizá incluso habríamos decidido irnos todos, porque allí nadie quería recibir golpes.
¿Cómo recuerdas el momento de la carga?
Fue impactante. La sensación que tengo es que sólo soy consciente de que van a cargar cuando están ya a 5 ó 10 metros de nosotros; me pareció que cambiaban el ritmo, que lo aceleraron aún más. Enseguida empezaron los golpes, los porrazos... Fue duro y traumático. Quería salir de ahí, pero no podía, porque todo el grupo de manifestantes se compactó. Se presentaron trece partes de lesiones, pero hubo más heridos. Por ejemplo, a mí me golpearon bastantes veces en el hombro izquierdo con las porras. Lo que ocurrió es que yo había subido a la concentración de propio desde Zaragoza y tenía que ir a trabajar por la tarde; no podía quedarme a presentar un parte de lesiones. Y hubo más gente a la que le pasó lo mismo; los que teníamos sólo algún golpe no presentamos parte. No era necesaria esa carga. Nosotros sabíamos perfectamente que concentrándonos pacíficamente lo único que íbamos a conseguir era mostrar una pataleta; sabíamos que la expropiación no se podía parar.
¿También fue una sorpresa la citación judicial?
Sí, fue una sorpresa bastante grande. Recuerdo que vino la Guardia Civil a mi trabajo y me entregó una citación diciendo que tenía que ir al día siguiente a declarar a Sos del Rey Católico. Me puse en contacto con la gente y fue cuando me dijeron que habían llamado a dos personas más. En las semanas siguientes, fueron llegando más imputaciones sorpresa. Mucha gente dudaba de si acabarían llegando imputaciones a todos los que habían participado en la concentración. En el pueblo de Artieda, sobre todo, había mucha tensión por saber qué estaba pasando y cuánta gente iba a haber imputada.
¿Cómo habéis vivido la espera al juicio desde entonces?
Ha habido varias etapas. Al principio, nos afectó mentalmente, pero empezamos a organizarnos y muchos de los que participaron en la concentración empezaron a firmar autoinculpaciones. Después, el proceso se atascó porque nuestros abogados nos aconsejaron que denunciáramos a la Guardia Civil porque aquella carga no estaba justificada. Con las denuncias cruzadas, contra nosotros y contra la Guardia Civil, el proceso quedó bloqueado hasta que en junio de 2015 la Audiencia Provincial de Zaragoza desestima la imputación que nosotros habíamos solicitado contra los guardias civiles, con lo que da vía libre a que el proceso contra nosotros continúe. En todo este tiempo, nuestras sensaciones van cambiando. Hay momentos en que los abogados nos dicen que todo se va a quedar en nada. En otros momentos, nos parece que la Fiscalía quiere por todos los medios llevarnos a juicio para que alguien pague el pato. Parece que se acaba, parece que no se acaba... Muchas veces, estás meses y meses en que no es que no te acuerdes, pero lo tienes aparcado. Y de repente, llega una noticia que te lo recuerda y otra vez no puedes quitártelo de la cabeza. Es duro, te están pidiendo prisión y encima no acaba nunca.
Sorprende la petición de penas a la que os enfrentabais: en tu caso, hasta seis años y medio de cárcel...
Sí, de hecho es curioso que la acusación particular de la Guardia Civil pide incluso menos pena que el Fiscal del Estado. ¿Por qué? Nosotros estamos convencidos de que Fiscalía busca una sentencia ejemplarizante: quieren dar un golpe a la protesta, a la discrepancia. No lo entendemos. También pensamos que las posiciones políticas a favor y en contra del recrecimiento de Yesa están muy marcadas y quieren dar un golpe a la gente que nos oponemos. Hacer que nos distraigamos, oponiéndonos a la represión, y que nos olvidemos del recrecimiento del embalse en sí. Enviarnos el mensaje de que ya vale de pensar que podemos ser contestatarios.
¿Qué esperáis del veredicto?
Somos bastante optimistas y, aunque parezca mentira, estamos convencidos de que la jueza verá los hechos claramente y los juzgará correctamente. Nosotros creemos en la justicia, en el sentido de que existe separación de poderes. Es decir, que, evidentemente, el fiscal trabaja para el Estado, pero la jueza es independiente. Pensamos que eso nos garantiza que tendremos un resultado positivo.
Vuestro juicio ha acabado celebrándose después la aprobación de la Ley Mordaza, ¿qué pensáis de esa norma?
Nosotros muchas veces hemos comentado que lo nuestro ha sido un preludio de la Ley Mordaza, de la idea de atacar la discrepancia, la protesta pacífica, las concentraciones. Es un retroceso bastante grave de los derechos fundamentales y de nuestra democracia. Supone que la gente tenga miedo a protestar por las multas o incluso por la represión de la cárcel. Estamos convencidos de que el espíritu de la Ley Mordaza planea sobre nuestro caso.
La Ley Mordaza no se os aplica...
Menos mal.
Si se os hubiera aplicado, ¿qué habría pasado?
Las peticiones de penas de cárcel y de multas podrían ser un poco más altas. El problema es que la jueza no tendría argumentos para absolvernos porque tendría que aplicar esa ley. Ahora, sin embargo, tenemos esperanza.
¿Cuáles son esos argumentos que la jueza ya no podría utilizar?
Por ejemplo, el derecho a la libre protesta, porque la concentración tendría que haber sido comunicada. Todas las imágenes que hemos presentado como pruebas no valdrían; son imágenes que grabó mucha gente con el móvil. Además, probablemente, la Guardia Civil gozaría de una presunción de veracidad que no tiene en nuestro caso por haber sido denunciados también por nuestra parte.