Castilla-La Mancha recibirá 3 millones de euros más para el nuevo Plan Concertado de Servicios Sociales y para combatir la pobreza infantil

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El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos incluidos en los Presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, y el Programa VECA para garantizar la alimentación de menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral. La gran novedad de este año es el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que asciende a 98 millones de euros en 2021, frente a los 40 millones de 2020. Castilla-La Mancha percibirá un total de 8,4 millones de los tres programas, casi tres millones de euros más que en la convocatoria anterior.

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Se trata, para el conjunto del país, de una "cifra histórica" que revierte en un solo año los recortes en la financiación de los servicios sociales, que pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013. La cifra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación, en el año 1988.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, IoneBelarra, ha destacado que gracias a la aportación del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, se van a financiar los servicios sociales de atención primaria gestionados por los ayuntamientos, "que realizan una labor imprescindible como ha vuelto a demostrar este año de pandemia”. Belarra ha recordado que el Gobierno del año 2012 “recortó drásticamente esta financiación y debilitó gravemente estos servicios". "Pues bien, hoy no solo revertimos todos estos recortes en un solo año, sino que además aumentamos esta aportación hasta los 98 millones de euros, su mayor nivel histórico”, ha subrayado.

Este Plan permitirá cofinanciar la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: Información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo y prevención e inserción social.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.

Protección a la familia y atención a la pobreza infantil

El Consejo de Ministros también ha autorizado el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil (45 millones), a través del que a Castilla-La Mancha llegará una aportación superior a los 2,5 millones de euros. En este apartado se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.

Asimismo, el Programa VECA, al que se han destinado 15 millones de euros, servirá para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares, y la conciliación de la vida familiar y laboral. A través de este Plan, Castilla-La Mancha recibirá una aportación de 861.434 euros.

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