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Estos son los pilares sobre los que Castilla-La Mancha quiere reconstruirse tras la pandemia

Patio del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha

Cerca de 80 medidas conforman el listado del documento para la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha que el Gobierno de Emiliano García-Page ha remitido ya a los partidos políticos con representación parlamentaria (PP y Ciudadanos), a los sindicatos, a la patronal, a los presidentes de las diputaciones provinciales y a la Federación regional de Municipios y Provincias (FEMP). Conforman una batería de acciones socio-económicas esbozadas a grandes rasgos y algunas ya iniciadas. Son un esquema “abierto a todo tipo de aportaciones” para la reconstrucción de la comunidad autónoma una vez superada la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

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En este primer borrador, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, se establecen varios bloques de medidas que arrancan con medidas de protección social: ayudas excepcionales a familias en situación de especial vulnerabilidad, incidencia del futuro Ingreso Mínimo Vital del Estado sobre las estructuras de ayudas sociales vigentes, el Plan de Empleo y otro bloque de acciones en materia de vivienda.

Tras ello, el documento apunta en un segundo bloque a los servicios públicos esenciales, donde aparece en primer lugar el sistema público sanitario: la recuperación de las infraestructuras sanitarias, la inversión en tecnología, las “reservas estratégicas” de material, la actividad asistencial, la mejora de la situación de los profesionales sanitarios, la atención especializada y la atención primaria.

En este mismo apartado se incluye la revisión del modelo de centros residenciales, la estrategia de atención a personas mayores y personas con discapacidad en su hogar, y el registro único de acceso a prestaciones sociales, por un lado; y un plan de refuerzo educativo para el próximo curso escolar, un nuevo sistema de becas-comedor, de materiales curriculares, de acceso digital y de transporte, por otro lado.

Reactivación de la economía

Prácticamente la mitad del total de medidas se agrupan en un tercer bloque para la reactivación de la economía. En primer lugar, todas las acciones de apoyo a autónomos y pymes: ayudas del Plan Adelante, contratación de desempleados por efecto del coronavirus, ayudas a la inversión, ayudas al turismo y al comercio, y ayudas para la implantación del telebrabajo. Después, en cuanto a los instrumentos de financiación empresarial, se incluyen algunos ya anunciados por la Junta como las líneas AVAL a autónomos y microempresas.

La armonización fiscal, el aplazamiento de la liquidaciones tributarias autonómicas, la revisión del sistema de tasas de la Administración regional, de los impuestos locales y de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, son más aspectos incorporados junto con otras medidas en materia de contratación pública, donde se buscará ante todo la simplificación de trámites, un sistema de garantías durante la contratación y la colaboración público-privada.  

En el contexto de infraestructuras públicas, el borrador establece prioridades para la comunicación viaria, las telecomunicaciones, los sistemas de abastecimiento, la depuración de aguas residuales, el suministro eléctrico, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Y en cuanto a los sectores económicos estratégicos para la recuperación de la región “a medio plazo”, nombra turismo, comercio, sector agrario, industria, vivienda, agroalimentación, investigación, cultura, economía circular, energías renovables, transporte, logística y sectores vinculados a la prestación de servicios públicos. Otro bloque agrupa acciones destinadas al sector público regional, centradas en la Administración electrónica (impulsada ahora por el confinamiento), la simplificación de trámites y el empleo público.

Financiación, legislación y presupuestos

Para todo ello, el Gobierno considera fundamental tanto el sistema de financiación autonómica, todavía pendiente de revisión con el Ejecutivo central, como los Fondos Estructurales de la Unión Europeo: mediante la reprogramación del actual periodo 2014-2020 y los programas operativos del periodo 2021-2026.

En el documento se establece también la necesidad de crear un grupo de coordinación y seguimiento de este pacto integrado por un representante de cada uno de los intervinientes y presidido por el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro. Este grupo sería el encargado de definir las líneas y materias a incluir, así como de efectuar el seguimiento del diseño y desarrollo que de las mismas efectúe cada grupo sectorial.  

El vicepresidente del Gobierno autonómico ha explicado que muchas de estas cuestiones deben tener traslación legislativa, es decir, habrá que modificar varias normativas de la comunidad autónoma, pese a que muchas de ellas ya estaban en marcha. También ha avanzado que las medidas tendrán su reflejo en los presupuestos públicos de los próximos años: “Es un plan de recuperación que va más allá de esta y de la siguiente legislatura. Hablamos de una crisis profunda que hay que superar en unidad y con independencia de quien esté al frente de las instituciones”.

Con todo ello, el Gobierno castellanomanchego confía en recibir durante los próximos días la contestación de todos aquellos partidos, instituciones y colectivos a los que se ha remitido. El documento está “abierto a todo tipo de sugerencias”. “Lo más importante es que salgamos unidos para la superación de esta crisis económica y social que ya está conviviendo con la crisis sanitaria, porque es lo que nos reclama el conjunto de la sociedad”.

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Publicado el
20 de abril de 2020 - 19:17 h

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