Castilla-La Mancha puede acoger a 692 menores migrantes, según el Gobierno de España

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera “insuficiente” la financiación ofrecida por el Gobierno de la nación para atender “en condiciones dignas” a los menores migrantes que deberá acoger la comunidad autónoma procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de España aprobase un Real Decreto en el que se indica que Castilla-La Mancha tiene capacidad para acoger a 692 niños y niñas menores no acompañados. Este miércoles se ha publicado en el BOE y permitirá iniciar las derivaciones a las distintas comunidades autónomas.

Hoy la portavoz ha recordado que la distribución que se aprobó en julio - a la región llegarían 320 menores migrantes, con una financiación de cuatro millones de euros- ya fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla-La Mancha. Y es que, sostiene que el modelo de acogida de la comunidad autónoma “responde a unas condiciones de dignidad que no pueden cumplirse con los modelos de masificación”.

Ha explicado que se ha vuelto a pedir “financiación suficiente” para poder dar respuesta a esa acogida en condiciones “dignas y humanitarias” en línea con el compromiso de solidaridad de Castilla-La Mancha.

Canarias pide la contingencia migratoria: Castilla-La Mancha ofreció diez plazas

El pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social trasladó al Gobierno de Canarias la disponibilidad de 10 plazas libres para acoger a niños y niñas, “y se hizo de manera voluntaria en cuanto se detectó que había plazas suficientes”, según ha dado a conocer hoy la consejera portavoz.

Precisamente hoy Canarias ha solicitado, como ya anunciase ayer, la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida.

El objetivo es que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados --las islas tienen unos 5.200-- en virtud al decreto ley aprobado este martes. El presidente canario Fernando Clavijo comentado que “ya no hay excusas”, según recoge Europa Press, para iniciar el proceso y se ha mostrado “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento.

En este contexto, desde Castilla-La Mancha, la consejera portavoz Esther Padilla ha recalcado que “si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo”, y se ha mostrado convencida de que este posicionamiento es compartido por el conjunto del Gobierno de la nación, “ya que el Ministerio de Seguridad Social dijo que, dentro de la capacidad que tiene en sus centros, no podía acoger a los 1.000 menores previstos”.

“Esos menores necesitan de acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras, lo que supone un coste que está muy encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno, y supone además un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora”, ha concluido.