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El Govern paga 140.000 euros en autobuses para llevar a la plantilla del fisco catalán a la Zona Franca

El edificio T, que ahora está al lado de un solar desocupado, debe ser la sede de la Agència Tributària de Catalunya a partir del próximo febrero

Oriol Solé Altimira

El traslado de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a la Zona Franca suma un nuevo coste al ahorro que vendió el Govern cuando anunció su cambio de ubicación. La Generalitat quiere gastarse 140.283 euros (127.530 euros más IVA) en autobuses para llevar a los funcionarios de la ATC hasta el edificio T de la Zona Franca, la nueva sede del fisco catalán a partir de febrero del próximo año. El contrato se licitó a finales del mes de noviembre y tiene una duración de diez meses y medio, desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre del año que viene.

Además de los autobuses lanzadera, que saldrán cada día de la plaza Catalunya y la plaza Espanya, fuentes del sindicato CATAC han explicado que la Generalitat también subvencionará las plazas de parking del edificio T. De momento se han contratado 114 plazas, que se alquilarán por 60 euros al mes. Si ocuparan todas, el coste ascendería a 82.080 euros anuales. A partir del mes de mayo del 2018, además, se prevé que las plazas contratadas de aparcamiento sean 134.

Para el sindicato, tanto el bus lanzadera como las plazas de parking indican que la Generalitat “reconoce” los problemas de movilidad que conlleva la nueva ubicación de la ATC. Todos estos costes, añaden las mismas fuentes, no se dan con la actual sede central de la ATC, situada en la calle Fontanella de Barcelona, junto a la plaza Catalunya.

El servicio de buses lanzadera para los trabajadores funcionará aunque el Govern anunció que en febrero de 2016, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress, estaría operativa una nueva parada de la línea 9 del metro en la zona. No obstante, esta parada quedará a 20 minutos a pie de la nueva ubicación de la ATC.

Los contribuyentes no tendrán la misma suerte: las mismas fuentes explican que la Generalitat rechazó las reclamaciones sindicales para que el Govern pusiera a disposición otro bus lanzadera para los ciudadanos. La media de 500 contribuyentes que cada día visitan la ATC en la calle Fontanella o bien deberán llegar con su vehículo particular, o bien con la L9 del metro o en autobús.

El sindicato considera que la L9 “no resulta accesible a la mayoría de la población”, ya que para cogerla deberá hacer transbordo en Zona Universitaria (L3) o Collblanc (L5). A las limitaciones de movilidad en metro se añaden las del autobús, ya que las 5 líneas que llegan a la Zona Franca “tienen un recorrido tortuoso”. Precisamente las malas comunicaciones de la nueva sede fueron uno de los motivos que llevó al sindicato CATAC a presentar un recurso al TSJC el pasado mes de septiembre contra el cambio de ubicación de la ATC.

Costes añadidos

El departamento de Economía indicó que el traslado de la ATC conllevará un ahorro de 1,4 millones de euros anuales en alquileres. Sin embargo, solamente adecuar las oficinas del edificio T de la Zona Franca ha costado a las arcas públicas 3,36 millones de euros, aunque el presupuesto básico subía hasta los 4,2 millones. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó la oferta más ventajosa y se quedó con las obras fue la formada por Acsa y Emte SLU (una filial del grupo Comsa Emte que el pasado mes de abril presentó un ERE para despedir a 195 trabajadores). Emte forma parte del tronco de los negocios de la familia Sumarroca, vinculada tradicionalmente a CiU. Un hijo, un tío y una sobrina de la familia fueron detenidos el pasado mes de julio en relación con el caso del 3% con epicentro en Torredembarra.

En la denuncia presentada por el sindicato CATAC también se señala que el cambio de ubicación puede resultar insuficiente si se acaban cumpliendo las previsiones del gobierno, que quiere aumentar hasta 600 trabajadores la plantilla de la ATC (actualmente tiene 268). En el recurso presentado, el sindicato indica que se pretende aumentar la plantilla un 129%, pero que la nueva sede sólo aumenta un 9% la superficie de oficinas respecto a la actual de la calle Fontanella.

El sindicato también alerta de que, con la nueva sede, la Generalitat tendrá que encontrar un lugar donde depositar todos los archivos que actualmente se guardan en el sótano de la calle Fontanella (los cálculos indican que en el edificio T se perderán 1.600 metros cuadrados de sótanos) , lo que todavía puede añadir otro coste al traslado.

La nueva sede, situada en el número 46 del Paseo de la Zona Franca, está lejos de todos los distritos de la ciudad de Barcelona excepto algunos barrios de Sants-Montjuic. En consecuencia, según los cálculos de la CATAC, la nueva sede perjudica al 94% de sus potenciales usuarios.

Por otra parte, tanto en la operación de cambio de sede de la ATC como en la de la nueva Ciudad de los Funcionarios, los sindicatos cuestionan el papel del ex director general de Patrimonio, Salvador Estapé, por su doble papel desde del gobierno y desde el consejo de administración de la sociedad Fira 2000. Estapé abandonó el Gobierno el pasado mes de septiembre para fichar por Anticipa Real Estate, una de las filiales españolas del fondo buitre Blackstone.

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