La LOMCE vulnera la Constitución y el Estatut según el Consejo de Garantías Estatutarias catalán
La ley Wert vulnera diversos preceptos del Estatuto y también la propia Constitución, según ha dictaminado el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya este martes. Aspectos como las pruebas de evaluación que la LOMCE prevé que fije el Ministerio de Educación, y sobre todo cuestiones relacionadas con la lengua vehicular, incumplirían el Estatut y, en algunos casos, la Carta Magna. Este era el dictamen que la Generalitat esperaba para recorrer la normativa al Tribunal Constitucional con unas mínimas garantías, así que es de prever que lo haga pronto.
El Consejo de Garantías Estatutarias considera que la Constitución en ningún caso establece que las familias puedan escoger la lengua vehicular de la escolarización de sus hijos, una situación que sí se produciría si se aplicara la nueva normativa. La LOMCE prevé que el ministerio facilite escolarización en centros privados en lengua castellana a aquellas familias que quieran este idioma como vehicular –si el Govern no ofrece alternativa–, y que encima pueda remitir la factura a la Generalitat. Además, esta retención o deducción de los importes también vulneraría la autonomía financiera de la Generalitat reconocida tanto en la Constitución como el Estatut de Autonomía.
En este sentido, el consejo observa un incumplimiento añadido. El control que debe ejercer la Alta Inspección del Estado sobre la Administración catalana para que cumpla con estas obligaciones “es contrario a la ordenación constitucional”. Lo es porque “desplaza” la Administración educativa –que es en este caso la Generalidad– de una de sus funciones establecidas por ley.
El otro gran choque entre la ley Wert y el Estatut, según el dictamen, se produce con las evaluaciones a final de la ESO y del bachillerato, reválidas necesarias para obtener el título, que se elaborarán desde el ministerio. El consejo las considera inconstitucionales porque sólo tienen en cuenta las asignaturas troncales “con una limitadísima concesión a las específicas”, cuando las específicas o de libre designación autonómica “son aquellas sobre las que se proyectan mayoritariamente las competencias de la Generalitat”. “La pretensión de que los títulos de bachillerato y de graduado en educación secundaria se puedan obtener y expedir después de una prueba en la que estas materias no son evaluadas” no es constitucional, dice el texto.
El Govern no tocará “ni una coma” del modelo catalán
El dictamen del consejo llega en medio de la polémica sobre la introducción de un 25% de castellano como lengua vehicular en las aulas si una familia lo pide, tal y como dejó claro el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado viernes. Ayer la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se reunió con los directores de los cinco centros educativos afectados por los autos del TSJC para consensuar una reacción unitaria, que finalmente se traducirá en un recurso interpuesto por cada centro y por el propio departament.
A la espera de que pase el mes de margen que da el tribunal para cumplir las directrices, quien ha hablado este martes sobre la cuestión ha sido el portavoz del Govern, Francesc Homs, que ha asegurado que la Generalitat no tocará “ni una coma” del modelo de inmersión lingüística. El también consejero de Presidencia de la Generalitat ha declarado que presentarán “los reursos que sean necesarios” para no hacer efectiva la decisión del alto tribunal catalán, y ha cerrado filas en torno a la Ley de Educación de Catalunya (LEC): “La ley está en vigor, no ha sido impugnada y permanecerá en vigor”, ha concluido.
