Los padres de Pedro Álvarez piden por última vez a los jueces que el asesinato de su hijo no quede impune

El padre y la madre de Pedro Álvarez, el joven asesinado en 1992 en L'Hospitalet presuntamente por un policía nacional, han vivido este viernes una de las últimas oportunidades para encontrar justicia. La Audiencia de Barcelona ha revisado en una vista la negativa del juez instructor de reabrir el caso. Si los magistrados consideran que el delito está prescrito, tal y como sostiene la Fiscalía, el crimen quedará impune, y la protección de las víctimas por parte del sistema se verá por lo menos cuestionada.

En otro capítulo de la lucha que mantienen desde hace casi 30 años, Juanjo Álvarez y Carmen Peso han acudido este viernes al Palacio de Justicia. Querían acudir como público a la vista que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha celebrado para decidir si reabre el caso o mantiene su archivo, pero el tribunal presidido por la magistrada María Isabel Delgado, en contra del criterio habitual de otras secciones, les ha impedido la entrada a la sala, al igual que a la prensa. Decenas de personas han apoyado a los padres de Pedro desde la calle.

Según fuentes presentes en la vista, el abogado de la familia, Benet Salellas, ha pedido al tribunal reabrir el caso para garantizar la protección de las víctimas, esto es, que Juanjo Álvarez y Carmen Peso puedan por lo menos saber que el sistema ha investigado el asesinato de su hijo e intentado hallar al culpable.

Hasta la fecha la respuesta que han recibido los padres de la víctima ha sido más bien desoladora, tanto del sistema judicial como de los políticos. Pedro Álvarez fue asesinado de un tiro en la cabeza disparado por el conductor de un coche que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia la noche del 15 de diciembre de 1992 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Después se dio a la fuga en su Opel Vectra blanco.

El principal sospechoso del caso fue un agente de la Policía Nacional de Barcelona, J.M.S. Fue detenido como el presunto autor de los hechos y permaneció en prisión provisional una semana, pero la falta de pruebas concluyentes llevaron a su puesta en libertad y al posterior archivo de la causa.

Sin embargo, los jueces permitieron investigar el caso al mismo cuerpo policial al que pertenecía el principal sospechoso, al que ni siquiera se le practicaron pruebas para determinar si tenía restos de pólvora en la ropa pese a que su arma fue requisada. La escena del crimen tampoco fue preservada. La inspección ocular del cruce donde Pedro fue asesinado duró apenas media hora.

Más de 30 años después, la Policía Nacional, a requerimiento del juez de L'Hospitalet –que no obstante decidió que el caso estaba prescrito y mantuvo su archivo– ha emitido un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que asegura que ninguno de los avances tecnológicos permitiría encontrar “resultados distintos” a los obtenidos en 1992, lo que ha generado estupefacción entre la familia de Pedro y su defensa.

La conclusión de la Policía Nacional ha reafirmado a la familia en una petición que mantiene desde hace décadas y que Salellas ha reiterado este viernes en la vista: que sea un cuerpo distinto al del principal sospechoso el encargado de investigar el crimen. A criterio de la defensa la unidad central de homicidios de los Mossos d'Esquadra, que en los últimos años ha resuelto casos que parecían dirigidos a terminar sin culpables y trabaja con tecnología punta, debería hacerse cargo de las pesquisas.

Al margen de las carencias de la investigación que se podrían subsanar si el caso se reabre, el principal debate jurídico estriba en si el delito ha prescrito. Así lo creen la Fiscalía y el juez instructor, que interpretan que no son válidas a efectos de prescripción las pesquisas fallidas que la Guardia Civil efectuó entre 1997 y 2000 sobre otro potencial sospechoso, por lo que el delito prescribió en 2015.

Por contra, la familia considera que para proteger a las víctimas y garantizar una correcta investigación del caso la prescripción empieza a contar a partir de la última diligencia del año 2000 y que en cualquier caso el debate sobre la prescripción debe tenerse en un eventual juicio, no durante la fase de investigación. El plazo por lo tanto vencería este mes de septiembre, aunque la suspensión de plazos provocada por el estado de alarma lo ha alargado hasta noviembre. Sea como sea, es la última oportunidad de la familia de Pedro Álvarez para encontrar justicia.