Antifraude alega contra la modificación de la ley de incompatibilidades que impulsa el Gobierno valenciano porque exime a cargos que no cobran
La Conselleria de Transparencia inició el pasado mes de julio un proceso para modificar la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos iniciada por Compromís en las Corts Valencianes y aprobada en 2016 por el primer Pacto del Botànic. La propuesta ha recibido alegaciones de la Agencia Antifraude porque eximirá de la incompatibilidad de la norma a los altos cargos nombrados por el Ejecutivo que no tengan remuneración o cuyo puesto no sea directivo o ejecutivo.
En el informe de necesidad y oportunidad presentado por la Conselleria de Transparencia se argumenta que se debería modificar el artículo 2 letra f) que refleja los altos cargos a los que afecta la ley de incompatibilidades. En la actualidad afecta a todos los cargos elegidos por el Consell, pero en Transparencia pretenden que se excluya a los personas nombradas que “no vayan a ser retribuidas o a ejercer funciones ejecutivas o directivas”.
Transparencia considera que no se puede “cargar” con los efectos de la Ley de Incompatibilidades y que tengan que asumir sus obligaciones cargos que no cobran o tienen capacidad directiva porque difícilmente pueden “enriquecerse o sufrir algún conflicto de intereses”. En concreto y como justificación al cambio, la conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo pone como ejemplo a los altos comisionados para la Financiación de la Comunitat Valenciana, José Antonio Pérez y Rafael Beneyto: “dos personas nombradas como miembros del Gobierno asimilados como secretarios autonómicos a efectos protocolarios y de consideración, pero sin remuneración ni estructura creada para su atención”.
La Agencia Antifraude se opone a que los puestos nombrados por el Gobierno valenciano puedan ser eximidos de las incompatibilidades o conflictos de intereses que marca la ley autonómica. Entienden que sus gestiones para mejorar la financiación podría beneficiar a intereses privados.
Desde Transparencia han contestado a Antifraude alegando que la financiación autonómica en caso de mejorarse sería un beneficio general, repartido por el Parlamento valenciano y que no se personifica en intereses privados. Además, señala, la figura del alto comisionado nada tiene que ver con la de los comisionados encargados de fiscalizar por parte de la Generalitat a los hospitales privatizados.
La modificación de la norma también pretende aclarar que la Oficina de Conflicto de Intereses tiene función “inspectora” y que la presentación de declaraciones o de datos de cargos públicos con documentación falsa o que intente dar apariencia de legalidad es una falta muy grave.
Tras la contestación de Transparencia a Antifraude la modificiación de la ley sigue adelante y será aprobada.
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