El interventor de Alicante ratifica en el juicio del ‘caso Comercio’ contra Echávarri que hubo fraccionamiento de contratos

El interventor municipal del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, ha ratificado en el segundo día del juicio del ‘caso Comercio’ celebrado en la Audiencia Provincial las conclusiones a las que había llegado en su informe inicial de principios de 2017: el alcalde Gabriel Echávarri no debió facturar los 25 contratos de publicidad para la promoción del comercio local.

Además de Guardiola, también han comparecido en calidad de testigos el jefe del área de Comercio Diego Agulló y el actual primer edil de la ciudad y por entonces portavoz del PP en la oposición Luis Barcala después de la declaración este lunes del exregidor socialista, su jefe de Gabinete Lalo Díez y su asesor de Comercio Pedro de Gea, quienes se declararon inocentes del delito de prevaricación administrativa por el que la fiscalía solicita diez años de inhabilitación para el desempeño del cargo público.

El concurso público “hubiera sido el procedimiento administrativo más adecuado”, ha dicho el interventor a preguntas del fiscal Anticorrupción de Alicante Felipe Briones después de explicar que los importes de los lotes de las facturas superaban los 18.000 euros de límite que establece la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores sin necesidad de convocar un concurso público.

El interventor también ha recordado que su informe llegó con las dudas sobre el procedimiento que le había trasladado el jefe del área de Comercio, Diego Agulló, quien ha respondido ante el fiscal que él “nunca” hubiera realizado los contratos de manera fraccionada. Asimismo, no se ha responsabilizado de la contratación de estos servicios al afirmar que se ocupó el asesor de la concejalía de Comercio, Pedro de Gea.

La declaración en sede judicial de Agulló ha sido la última de una segunda sesión -de un total de cinco- que ha iniciado este martes el actual alcalde del Partido Popular Luís Barcala, artífice de la demanda primero ante fiscalía y después ante el juzgado cuando era el portavoz municipal en la oposición.

Según ha relatado, su denuncia en abril de 2017 se produjo ante la ausencia de “explicaciones convincentes” del gobierno de Echávarri y las “sospechas de un delito de fraccionamiento” de contratos. Fue en una Junta de Gobierno donde le entraron las primeras “dudas suscitadas” al regidor popular cuando se incluyó el reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de las 25 polémicas facturas.

Posteriormente, ha dicho, comprobó “la excepcionalidad del procedimiento seguido” cuya demanda supuso la imputación de Echávarri y su dimisión como primer edil justo un año después.

Para este miércoles se espera la comparecencia como testigos de la que fuera portavoz municipal de Ciudadanos y actual portavoz adjunta de la formación naranja en Les Corts Yanet Giraldo, así como la del actual portavoz municipal de Compromís Natxo Bellido, entre otros.