El alcalde del PP de Orihuela expedienta al gobierno valenciano por suprimir “sin licencia” un escudo franquista
El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP -su alcalde, Emilio Bascuñana, ya dedicó algún mensaje al gobierno de la Generalitat a cuenta de la lengua-, ha acordado abrir una expediente sancionador por infracción urbanística a la Conselleria de Justicia por el tapiado del escudo franquista de los antiguos juzgados “sin la preceptiva licencia”.
De piedra blanca y simbología franquista, dicho escudo fue tapado el pasado 21 de diciembre por parte de la Dirección General autonómica de Cultura y Patrimonio.
El portavoz municipal, el popular Francisco Sáez, ha explicado este martes en rueda de prensa que, a la falta de la licencia, se suma que las obras “no se han acometido según la autorización de la Conselleria de Cultura” -de la que no ha dado detalles-, la cual tiene la potestad de este inmueble al ubicarse en un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por situarse cerca de la iglesia Santas Justa y Rufina.
“Las administraciones públicas estamos para dar ejemplo, y si para cualquier obra los ciudadanos deben solicitar la preceptiva licencia, nosotros también”, ha subrayado Sáez, quien ha insistido en que con esta decisión “no se discute el cumplimiento de una ley”, en referencia a la de Memoria Histórica.
“Mala fe” en la decisión
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Carolina Gracia, ha opinado en rueda de prensa que “hay mala fe” en esta decisión y ha acusado al equipo de gobierno de “iniciar este 2017 con guerras políticas a las diferentes consellerias”.
“El área de Urbanismo”, ha incidido, “no ha tenido tanta prisa a la hora de tramitar los más de 600 expedientes del mismo tipo y que, hasta ahora, nada se sabe de ellos”.
Sanción “surrealista”
La formación Cambiemos Orihuela ha emitido un comunicado donde ha tachado de “surrealista” esta sanción, sobre todo porque “el propio concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, incluso presenció la ejecución de esta obra”.
Para esta formación, “no se trata de un tema burocrático sino de una nueva ofensiva política e ideológica del gobierno municipal de Orihuela contra la Administración autonómica”.
“Estamos ante una muestra más del poso dictatorial del actual gobierno” que, “a nuestro modo de ver, lejos de optar por el diálogo con el Consell para solventar cualquier problema administrativo, ha elegido una estrategia de 'franquismo burocrático' al utilizar una intervención que democratiza el espacio público para atacar al Gobierno autonómico”, ha concluido la formación.
