Los cartujos están obligados por ley a abrir al público el monasterio de Portaceli que les cedieron en el franquismo

El monasterio de Portaceli, cedido por Franco a la Orden de los Cartujos desde 1946, está obligado por ley a abrir visitas al público al menos cuatro veces al mes, según explicaron fuentes de la Conselleria de Educación y Cultura que se amparan en la ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. La obra arquitectónica y sus terrenos anejos fueron declarados Bien de Interés Cultural en 2006 por el Gobierno de Francisco Camps y ese reconocimiento obliga a sus propietarios a tener un “régimen de visitas”, aunque fuera una propiedad privada como ha pasado con otros edificios patrimonio de los valencianos.

Pero en el caso de Portaceli, la propiedad última es además pública, aunque existe una cesión de la Diputación de Valencia a la Orden de los Cartujos, que hasta la desamortización de Mendizábal habitaron y mantuvieron el monasterio rebautizado como cartuja.

El monasterio de Portaceli fue adquirido por el Estado a propietarios privados en 1931 por 3,6 millones de pesetas. Tras la victoria del golpista Francisco Franco en la Guerra Civil el Estado inició un proceso de cesión del monasterio a los cartujos para que lo rehabilitaran, como hizo con otros muchos bienes de los ciudadanos que volvieron a la Iglesia que, además, se los inmatriculó.

Y así lo hicieron aunque con dos condiciones fijadas en la escritura. La primera fue que sólo la Orden de los Cartujos habitará el edificio y la segunda, que mantuviera el complejo arquitectónico. En caso de que se incumpliera alguna de estas condiciones, la Diputación de Valencia -o el órgano equivalente- volverán a gestionarlo al ser el propietario último. Y es en esa propiedad real donde los cartujos deberán ceder ante la administración civil.

En estos momentos 16 monjes de clausura habitan el monasterio. El record de habitantes del edificio fue en el siglo XVII con 27 religiosos. La Orden defiende que nadie más -que no autoricen ellos- puede entrar en las instalaciones porque son de clausura “desde hace 750 años”. Pero la normativa y la reciente declaración como Bien de Interés Cultural condicionan esa clausura. El poder terrenal está por encima del divino.

Así, la ley valenciana que regula los BIC obliga a un régimen de visitas a los ciudadanos y a inspecciones de la administración. En este caso, la Diputación de Valencia como propietaria o la propia Conselleria de Educación y Cultura como entidad que vela por los Bienes de Interés Cultural pueden supervisar el estado de los edificios histórico-artísticos. Una fiscalización a la que la que la Orden de los Cartujos se niega al considerar que el complejo es de su propiedad.

Pero aún así, la ley obliga a los BIC a estar abiertos a la ciudadanía. Como pasó con la torre de Pilar de la Horadada que, pese a ser de propiedad privada, ha tenido que instaurar un régimen de visitas tras una inspección técnica de la Conselleria de Cultura. Y eso que el Consell del PP quiso eximirla de permitir visitantes.

Documentos en exclusiva de la cesión del monasterio de Porceli a la Orden de los Cartujos en 1946: