Ciudadanos da oxígeno al PP en Benidorm y Orihuela, dos de las principales ciudades que gobierna

Benidorm no pasará a manos del PSOE. Los tres concejales de Ciudadanos (Cs) y los dos de los Liberales de Gema Amor han desbaratado el intento de los socialistas de censurar al alcalde del PP, Toni Pérez. El portavoz del PSOE local Rubén Martínez anunció hace tres semanas que iniciaría una ronda de contactos con los partidos de la oposición para sumar los 13 concejales que otorgan la mayoría absoluta. Hasta entonces, a los siete socialistas había que sumar dos más de Compromís y dos no adcritos, que se habían mostrados partidarios del sí.

Martínez ha tratado de convencer sin éxito al partido naranja y a Liberales de la necesidad de desalojar a Pérez de la alcaldía por “la relación del PP de la Comunidad Valenciana” con la Gurtel cuando Manuel Pérez Fenoll era alcalde y el actual primer edil era portavoz del gobierno y jefe de campaña. Según ha venido denunciando el portavoz en la oposición, la sentencia de la Audiencia Nacional por la financiación irregular del PP dejó acreditado que a finales de 2008 se financió “con dinero de la caja B” un acto de los dirigentes populares en la localidad.   

Para el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Rafa Gasent esa “relación” entre el alcalde Pérez y la sentencia de la Gurtel es una “hipótesis” que, “tras estudiar la documentación aportada”, no ven “pruebas que sostengan una moción de censura”. En este sentido, Gasent no le ha otorgado legitimidad al PSOE por tomar la iniciativa ya que su grupo municipal mantiene en sus filas al regidor y exalcalde Agustín Navarro, investigado entre otras causas por la contratación de los opinómetros de Benidorm “a una empresa que es, presuntamente, el epicentro de una trama de financiación ilegal de su partido”, ha espetado.

Por este motivo, Gasent ha reclamado al PSOE que “si quiere regeneración política debería empezar pedir el acta de Navarro”. Además, ha pedido al PP que también retire del gobierno local a la concejal popular Lourdes Caselles, que está al frente de Urbanismo, Hacienda y Contratación, “dado que el 15 de junio se produjo una resolución judicial que ratifica la continuidad, como investigada en un caso de prevaricación”.

Por su parte, Liberales Benidorm, cuya portavoz Gema Amor fue consellera del PP, ha emitido un comunicado este lunes donde confirman su negativa a participar en la moción de censura. “Aún siendo un instrumento legal para desalojar al PP de Toni Pérez del gobierno, creemos que deben ser nuestros vecinos quienes en cerca de 10 meses lo hagan con su voto”, comienza la nota en alusión al tiempo que falta para los comicios locales.

A diferencia de Cs, Amor sí reconoce la vinculación de los populares con la sentencia de la Gurtel, unos hechos que ha tachado de “sumamente graves”, a los que ha añadido una “falta de transparencia, improvisación y arrogancia” del actual alcalde. Por ello cree que el regidor “no merece seguir ni un día más gobernando”, para añadir a continuación que no será Liberales el que los eche del poder, sino “los vecinos”.

Similitud con Orihuela

Ciudadanos vuelve a negarse a respaldar una moción de censura del PSOE contra el PP. No es una situación nueva. Su “no” a Pedro Sánchez no impidió el cambio de gobierno y la salida de Rajoy. Ahora Benidorm es el último capítulo a una tendencia repetida en otros municipios como Orihuela.

En la capital de la Vega Baja también gobierna el PP y el PSOE pidió la semana pasada desalojar al primer edil, Emilio Bascuñana, tras confirmar la Conselleria de Sanidad que había estado siete años cobrando de la Dirección Territorial de Alicante sin que conste que haya trabajado. A los dos regidores de Cambiemos Orihuela, se necesitan los tres representantes de Cs. Su portavoz, Juan Ignacio López Bas, si bien no cerró la puerta del todo, sí que aseguró con contundencia que no se podían “permitir desestabilizar Orihuela” falta de diez meses para las elecciones. Su argumento, en una línea similar a la del partido naranja en Benidorm, se basa en que Bascuñana aún tiene el “beneficio de la duda”, por unas acusaciones de las que cree que aún se puede defender.