El gobierno del PP de Benidorm tiene informes abiertos de cinco organismos de control oficial por denuncias de opacidad

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, la Agencia Antifraude, el Consejo de Transparencia y el Síndic de Comptes. Estos son los organismos de control oficial que tienen abiertos diferentes resoluciones y requerimientos con el Ayuntamiento de Benidorm lo cual, según el PSPV, constata la “falta de transparencia” del gobierno municipal del PP.

La portavoz del Grupo Socialista, Cristina Escoda, ha afirmado que “estas resoluciones colocan a Toni Pérez como uno de los gestores municipales más nefastos del ámbito nacional, está embebido de prepotencia y se cree al margen de las instituciones del estado”.

Los socialistas han desgranado los últimos cinco informes que afecta al Ayuntamiento de Benidorm. Entre ellos hay tres expedientes de quejas de particulares que han llegado al Síndic de Greuges, en todos los casos, la entidad autonómica reprocha al Consistorio que no contestase en el plazo legal establecido ni se realizasen las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones efectuadas por este organismo , y acuerda la inclusión del Ayuntamiento de Benidorm en la relación de administraciones no colaboradoras.

Otro requerimiento que ha trascendido procede del Defensor del Pueblo, el cual critica al Ayuntamiento de Benidorm ante el amparo solicitado por una vecina en referencia a una queja sobre disciplina urbanística: “Transcurrido un tiempo razonable sin haber recibido contestación alguna, se recuerda el deber que incumbe a todos los poderes públicos de prestar auxilio con carácter preferente y urgente a esta institución en sus actuaciones”.

En cuanto al requerimiento de la Agencia Valenciana Antifraude reitera la petición de documentación que hizo el 21 de noviembre del 2024 y advierte al Ayuntamiento de su “deber de colaboración” con la entidad, así como que puede sancionar “obstaculizar el procedimiento de investigación”. Señalan que en este caso, Antifraude hizo 8 peticiones de información y ahora, requiere nuevamente tres de ellas, que afectan a la investigación sobre las horas extras de un funcionario local; la agencia le dio al consistorio un plazo de 10 días para responder.

Este caso ha sido especialmente delicado ya que el PSPV recuerda que el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información el año 2021, y que “un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas”.

Petición de rectificación e investigación

Tras estas críticas del PSPV el gobierno municipal del PP exigió una rectificación concretamente por el caso del funcionario, afirmando que no tienen ningún conocimiento de dichas amenazas. Esta petición de rectificación, según la portavoz socialista, llegaron a ser amenazas de acciones judiciales por un supuesto delito de calumnias.

Así Escoda ha explicado que disponen de todos los informes sobre falta de transparencia, y ha recordado que la Agencia Antifraude aplicó a un funcionario municipal, policía local en este caso, el estatuto de protección del denunciante “ante las amenazas de posibles represalias o actuaciones lesivas en su lugar de trabajo derivadas de las denuncias realizadas”.

No obstante el sindicato policial SPPLB ha pedido que se investiguen estas presuntas amenazas, y el responsable sindical Paco Ángel González, ha manifestado “que tales afirmaciones expuestas por Escoda son altamente preocupantes, máxime cuando se cuenta en este Ayuntamiento con mecanismos para prevenir, detectar y erradicar conductas que supongan un acoso laboral”.

El Ayuntamiento de Benidorm ha asegurado que se pone en marcha dicho protocolo para que se aclaren las circunstancias denunciadas. En cuanto al resto de informes pendientes el ejecutivo de Toni Pérez afirma que se ha dado cuenta en todos los departamentos y que la información está a disposición de la oposición.