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Compromís condiciona el sí a Sánchez a una reforma del sistema de financiación y medidas que reduzcan la deuda autonómica

Mónica Oltra y Pedro Sánchez durante el primer encuentro PSOE-Compromis

Laura Martínez

Valencia —

“¿Cómo estás?”. “En funciones”. La reunión entre los representantes del PSOE y los de Compromís de este lunes en Valencia comenzaba con un chascarrillo por parte del Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha mantenido su primer encuentro para asegurarse la investidura en segunda vuelta con la líder de Compromís, Mónica Oltra y su diputado en el Congreso, Joan Baldoví. Sánchez ha acudido a Valencia acompañado del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

Los dirigentes valencianos y el president socialista han promocionado ante Sánchez las ventajas y bondades de un Gobierno de coalición como el que ambos forman en la Comunitat Valenciana y en el que también se integra Unidas Podemos-Esquerrra Unida. Un Gobierno de cuatro formaciones políticas que “pone en el centro a las personas”.

Los dirigentes coinciden en que ha habido buena sintonía entre formaciones. La reunión, de cerca de una hora, se saldaba con un principio de acuerdo, aún por concretarse por escrito, según avanzaba Ábalos. “Hay acuerdo en lo sustancial”, afirmaba, para matizar que, antes de poner negro sobre blanco nada, hay que conseguir unos objetivos que permitan su cumplimiento: “Queremos ser rigurosos para el cumplimiento del acuerdo”, añadía.

Para que Sánchez obtenga el 'sí' de Compromís los valencianistas han puesto una serie de condiciones, algunas de ellas ya asumidas en la anterior negociación, como la mejora de la inversión en infraestructuras –en especial, la AP 7– o la condonación de la deuda del Consorcio de la Copa América, ahora La Marina de Valencia. Otras medidas, en las que falta algo de concreción, también cuentan con un precedente favorable, como el aumento de la dotación presupuestaria para pagar las ayudas de la dependencia. De hecho, Sánchez se comprometió a ello con Ximo Puig el pasado octubre y la partida destinada a estas ayudas se ha ido incrementando. Según Ábalos, el Gobierno trabajará por llegar al 50% de financiación que marca la ley en menos tiempo del prometido entonces, cuatro años.

Respecto a la reforma del sistema de financiación, caballo de batalla de Compromís en el Congreso y de todas las formaciones democráticas en la Comunitat Valenciana también hay acuerdo. Lo hay “en el reconocimiento del problema” aunque falta “concretar”. Así al menos lo ha indicado Ábalos, la voz del PSOE en estas negociaciones. El secretario de Organización se comprometía por la mañana a resolverlo en el primer año de legislatura, mientras que Baldoví exigía una propuesta “firme” en los primeros 8 meses para que las comunidades autónomas puedan hacer alegaciones. Nada imposible de resolver, reconocen en privado los dirigentes valencianistas, que creen que su abstención ya se acerca más al sí que al no.

El principal escollo se encuentra en las medidas paliativas de la deuda generada por años de infrafinanciación autonómica. El Gobierno, dicen en Compromís, plantea estudiar esta deuda, aunque los valencianistas sostienen que está “más que estudiada”, con numerosos informes que cifran la cuantía y que comparten las formaciones políticas que gobiernan la Comunitat Valenciana. Así, la coalición pide un compromiso para “reducir la carga financiera” y como parche plantean que el Ejecutivo central aumente la partida destinada a financiar la atención sanitaria de residentes de otras comunidades autónomas que se presta en la Comunitat Valenciana –especialmente incrementada en periodos vacacionales– y que, de la subida del IVA aprobada en 2012, el Gobierno ceda a las autonomías el 50%. A todas. “Pedimos aligerar la deuda para destinar recursos a rescatar personas”, explicaban los líderes valencianistas.

Aunque en Compromís no quieren jugar a presionar, saben que su voto, aunque sea uno, cuenta. No en vano recordaba Oltra la oferta de Pablo Iglesias in extremis, minutos antes de votar en Congreso, de reducir su exigencia de dirigir el Ministerio de Trabajo a gestionar las políticas activas de Empleo. “Los gobiernos de coalición no son el demonio”, apuntaba, pidiendo a los dirigentes de ambas formaciones que lleguen a un acuerdo “que sea a España lo que el Gobierno del Botánico es a la Comunitat Valenciana, [un Gobierno] que pone en el centro a las personas y entiende que este país necesita políticas que velen por la gente”.

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