El Gobierno valenciano paga 1,1 millones por contratos de autobuses en la etapa de la líder del PP cuando fue consellera
La Generalitat Valenciana ha empezado a hacer frente a los primeros pagos como consecuencia de una deficiente gestión por parte del anterior Gobierno del PP en lo que a transporte público se refiere, cuando la responsable de esta Conselleria era la actual presidenta del PP, Isabel Bonig.
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó este martes una modificación de crédito de 1,1 millones de euros para hacer frente al pago de dos sentencias judiciales del año pasado, por hechos que tuvieron lugar en los años 2013 y 2014.
Según han informado fuentes de la Conselleria de Obras Públicas, la primera de ellas ha establecido el derecho de la empresa Automóviles Alcoyana S.A. a recibir una compensación por importe de cerca de 5,5 millones de euros (más intereses) por el desequilibrio presupuestario existente durante el año 2013 en la prestación de las concesiones de Transporte Metropolitano de Alicante (antiguo TAM).
La empresa presentó la reclamación cuya reclamación en 2014, quedando sin resolver por decisión de Bonig, a pesar de ser consiente de que existía el derecho a dicha compensación, ya que había requerido a la empresa para que continuara prestando el servicio sin contrato vigente, pasando la responsabilidad a los futuros equipos de Gobierno que ahora se ven obligados a asumir esas elevadas indemnizaciones, cuyos fondos deben detraer de otras finalidades actuales más acuciantes.
La segunda de las sentencias condena a pagar cerca de 207.000 euros (más intereses) a la empresa Edetania Bus S.A. en concepto de resarcimiento por el déficit tarifario correspondiente al año 2014 asumido por la explotación de la concesión de transporte interurbano de autobús CVV-251 (València-Gestalgar/Serra), que comprende las líneas 130 (trayecto Empalme-Parc Tecnològic) y 230 (Bétera-Náquera-Serra).
Esta condena se suma a la impuesta mediante sentencia del año 2017 correspondiente al ejercicio de 2011 de la misma concesión de cerca de 66.000 euros (más intereses), todo ello teniendo en cuenta que todavía queda por emitirse sentencia en relación con otra reclamación presentada por esa misma empresa en relación a ese déficit correspondiente a los ejercicios de 2012 y 2013, por importe de cerca de 189.000 euros que, muy probablemente, tendrá el mismo contenido condenatorio que en los dos casos anteriores.
Las mismas fuentes han comentado que solo en materia de transportes, cabe también recordar, aunque serían interminables los supuestos similares, la situación acaecida con la gestión de la concesión de la línea del Metrorbital en la ciudad de Valencia, que estuvo funcionando hasta que en el 2016 se integró en las líneas de la EMT de Valencia.
En dicha gestión realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edetania Bus S. A., Fernanbus S. A. y Autocares Herca S. L, la Conselleria presidida por Bonig acumuló una deuda por déficit de explotación a favor de las empresas de cerca de 2,5 millones de euros, que fue reclamada el mes de febrero de 2014, y dado que contra la desestimación de dicha reclamación, ante la falta de respuesta, se interpuso recurso ante los Tribunales, el actual equipo de gobierno se ha visto obligado, después de una ardua negociación con las empresas reclamantes, a reconocer la necesidad de hacer frente a una indemnización de cerca de 1,1 millones de euros.
Desde la Conselleria de Obras Públicas que dirige actualmente la socialista María José Salvador han destacado que resulta paradójico que “mientras que el PP sigue exigiendo al gobierno actual de la Generalitat una mejora del transporte metropolitano al área de Valencia, a pesar de la total falta de financiación estatal que se ha sufrido hasta hace poco, el actual gobierno valenciano se vea obligado a derivar ingentes cantidades de fondos públicos para hacer frente a los 'pufos' heredados del gobierno anterior del PP, y en concreto de la nefasta gestión de la señora Bonig”.
