La Conselleria de Hacienda no halla irregularidades en que un interventor de la Generalitat tenga empresa sin solicitar la compatibilidad

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de la que depende orgánicamente la Intervención de la Generalitat Valenciana, no tiene constancia de irregularidades en la red de empresas que mantiene el interventor Ricardo Camarena sin haber solicitado la compatibilidad. “Se hicieron las actuaciones necesarias y se constató que no había ninguna situación irregular”, aseguran fuentes del departamento que dirige el conseller Vicent Soler.

El interventor, actualmente destinado en la conselleria de Mónica Oltra, ha combinado su puesto de funcionario de carrera con hasta una decena de cargos societarios en empresas dedicadas, entre otros, a los sectores eléctrico y de la construcción. Así, Camarena figura en empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, constructoras de edificios residenciales y un despacho, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

El funcionario, encargado de la fiscalización pública, también ha compartido un despacho privado y una comercializadora de energía eléctrica con otra interventora de la Generalitat, Paula Cosín. La publicación de la red de empresas de ambos funcionarios indignó al director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, quien dudó públicamente de la compatibilidad de estos negocios privados con el puesto en la administración pública.

El funcionario, tal como confirmó Función Pública, en ningún momento solicitó la compatibilidad. “No se ha tramitado ninguna solicitud de compatibilidad y como consecuencia no ha habido resolución autorizando o reconociendo la compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad ni pública ni privada”, según contestó el director general de Función Pública, David Alfonso Jarque, en una respuesta a una petición de información.

Ricardo Camarena, con una larga carrera en la Generalitat Valenciana, fue nombrado a dedo por Alfonso Rus en la Intervención de la Diputación de Valencia durante los años de mayor saqueo por parte de la presunta banda corrupta que investiga la instrucción del caso Taula.

Camarena, que declaró como testigo ante el juez, también avaló la adjudicación de las ITV, el 'pelotazo' fundacional de la trama Erial, a pesar de las graves irregularidades que refleja el informe de la Agencia Antifraude incorporado al sumario del caso.