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La Delegación del Gobierno anula una sanción de la ley mordaza a la mujer que denunció un acto islamófobo

Concentración de España 2000 el pasado 18 de diciembre en València.

Lucas Marco

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“No existencia de responsabilidad”. La Delegación del Gobierno en Valencia ha anulado la sanción impuesta por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional contra una mujer que denunció un acto islamófobo de la extrema derecha. La denunciante acabó denunciada por los agentes por “perturbar el orden público” y “alterar la paz”. Sin embargo, una resolución de la Delegación del Gobierno ha revocado la multa, de 601 euros tal como marca la ley mordaza. La resolución considera que existen “razones objetivas” que deben ser tenidas en cuenta para archivar las actuaciones. Así, declara la “no existencia de responsabilidad”. 

La situación de la denunciante denunciada llevó a las entidades sociales CEAR PV, Movimiento por la Paz, Rumiñahui y València Acull a solicitar a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, que se archivasen las actuaciones y se investigara la actuación policial, “con el objeto de establecer responsabilidades por no haber actuado frente a la comisión de un presunto delito y haber denunciado a quien lo denunció”.

En paralelo, los servicios jurídicos de Alerta Solidària presentaron alegaciones contra la sanción. Según la letrada de la entidad, la mujer se limitó a ejercer su derecho a la libertad de expresión frente a un “acto injusto” de “ataque explícito a una religión minoritaria y protegida” por el Estado de Derecho.

Así, el contenido del acto de la ultraderecha suponía, según el recurso de la mujer, “una provocación a la convivencia que choca frontalmente contra los derechos fundamentales amparados por la Constitución, así como con la propia Ley de Seguridad Ciudadana”.

Las entidades sociales han lamentado que se desconoce si el departamento que dirige Gloria Calero ha abierto algún tipo de investigación respecto a la actuación policial de aquella jornada.

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