Varias promotoras piden 71 millones por la anulación del Plan General de Dénia
Que el urbanismo en Dénia es un tablero de ajedrez en el que se juegan intereses multimillonarios no es, a estas alturas, ningún secreto. Los problemas de la ciudad para dotarse de un planeamiento tienen también que ver con eso. La Generalitat Valenciana le ha puesto números a esos intereses.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, cifró esta semana en más de 316 millones de euros la hipoteca urbanística que dejó el anterior gobierno del PP en la Comunitat Valenciana por planes urbanísticos defectuosos cuya vida acabó cuando llegaron al juzgado.
De todos esos casos, hay uno especialmente grave, y se da en Dénia. La anulación del Plan General Transitorio tras una sentencia del Tribunal Supremo el año 2012 se ha traducido en que distintas promotoras que consideran lesionados sus intereses le reclamen ahora al Consell la friolera de 71 millones de euros. Es decir, más de la quinta parte de la cifra total que le exigen a la Generalitat por responsabilidad patrimonial.
De hecho, del resto de planes anulados por los que el gobierno autonómico se arriesga ahora a afrontar indemnizaciones millonarias, sólo uno, el de la ZAL de Valencia, se acerca algo al de Dénia, con una reclamación de 54 millones. El resto ya están muy lejos: 30 millones por el controvertido plan Rabassa de Alicante, otros 30 por el sector del río Algar en Altea o casi 20 por el PAI de Porxinos en Riba-roja.
Según explicó en su comparecencia ante los medios de comunicación acompañada por el director general de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, “la Generalitat se enfrenta a un aluvión de reclamaciones, más de 60, debido a la anulación por parte de los tribunales de muchos planeamientos urbanísticos aprobados por el antiguo gobierno”.
El caso de Dénia es el de mayor cuantía, pero no el único. Los tribunales de Justicia han ido anulando planes urbanísticos aprobados por la Generalitat y, ahora, ante esta anulaciones, numerosos promotores y particulares de suelos urbanizables y urbanos reclaman responsabilidades a la Generalitat e indemnizaciones de grandes cantidades por la mala tramitación que hizo el anterior Consell, señalan fuentes de la conselleria.
