Un alcalde “conseguidor”, un vicepresidente “tapado” y un empresario “testaferro”
“Resulta casi escandaloso”. Es una de las calificaciones que el fiscal del caso dedicó a las irregularidades en torno a la depuradora de Borriol, cuyo juicio hoy quedó visto para sentencia. Tanto la acusación como las defensas dedicaron la jornada a defender sus conclusiones. El fiscal se reafirma en la petición de cárcel para los acusados: Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación, y Adelino Santamaría, exalcalde de Borriol. También mantiene la acusación sobre el resto de ocupantes del banquillo: los hijos de Martínez, su socio, Raúl Babiloni, y un empleado de este. Las defensas piden la absolución.
El fiscal explicó que había un “plan urdido” entre Santamaría, Francisco Martínez y Babiloni, para beneficiarse de la información privilegiada urbanística que manejaba el primero. Para ello, Martínez y Babiloni adquirieron terrenos en la zona donde se iba a construir una depuradora, con el objetivo de permutarlos por otros terrenos en un lugar más rentable del municipio: las Llomas de Borriol. El beneficio no llegó a producirse porque el Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló el planeamiento urbanístico del municipio, y porque la depuradora no llegó a construirse.
Un rol para cada acusado
Un rol para cada acusado El fiscal explicó el mecanismo presuntamente delictivo como una suerte de juego de rol. Calificó a Santamaría de “conseguidor” porque fue él quien supuestamente informó del posible negocio gracias a su conocimiento de los planes urbanísticos del Consistorio que gobernaba. También fue él quien firmó un escrito en el que pedía que se incluyera en el proyecto de la depuradora una parcela que primero fue adquirida por Babiloni y luego vendida a Andrea, la hija de Martínez.
El fiscal llamó a Martínez el “tapado” porque tanto Santamaría como Babiloni ocultaron presuntamente durante todo el proceso de proyección de la depuradora -que duró años- que la parcela era de la familia Martínez. El objetivo era que no se destapara el conflicto de intereses, ya que era el propio Martínez -responsable en aquellos años de infraestructuras y ciclo integral del agua de la Diputación- quien debía aprobar desde su cargo político los trámites de la obra.
Babiloni, finalmente, fue adornado por el fiscal con el sobrenombre de “testaferro” porque fue él quien supuestamente vendió la parcela a la familia Martínez y quien acudió a firmar los trámites necesarios en el Ayuntamiento mediante poderes notariales. Lo hizo, supuestamente, con especial cuidado: en una ocasión, dispuso que fuera su empleado el que recibiera los poderes y luego se los pasara a él, para que los hijos del vicepresidente de la Diputación no aparecieran ni siquiera como poderdantes.
La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes
La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes Por su parte, los abogados de la defensa se dedicaron a analizar aisladamente cada uno de los pasos que dieron los acusados para demostrar que cada actuación tuvo una motivación propia y no tuvo nada que ver con la “trama”, cuya existencia negaron. Así, Santamaría y Martínez, dijeron sus abogados, firmaron los documentos que incluían la parcela de Martínez en la obra para dar “traslado” a las decisiones técnicas. Y todos sus actos administrativos fueron “legales” en sí mismos.
Sobre el apoderamiento a Babiloni y su empleado, los letrados negaron que se debiera a que Francisco Martínez tuviera que permanecer oculto debido a su cargo público, sino a que estaba muy ocupado con su actividad política, y sus hijos atareados con sus estudios. Sobre todo, las defensas negaron que existiera “trama” o “concierto” alguno entre los acusados y la prueba, dijeron, es que ningún testigo -salvo Enric Nomdedéu, vicealcalde de Castellón y miembro de Compromís- lo reconoció durante el juicio y, por tanto, no hay pruebas para afirmar que hubiera coordinación alguna. El mismo argumento utilizaron para negar que los acusados influyeran en modo alguno sobre los técnicos.
El fiscal calificó los argumentos de la defensa de “burdos” y “pueriles”. Y aprovechó su exposición para informar de que hay otras diligencias penales en marcha derivadas de la investigación de este caso, que afectarían también a la familia Martínez.
