El sector siderometalúrgico valenciano, en peligro de extinción
El sector siderometalúrgico valenciano se encuentra en peligro de extinción, tal y como alertan desde la Central General de Trabajadores (CGT). Así, insisten en el “abuso salvaje y continuado” de mecanismos como el expediente de regulación de empleo (ERE o ERTE), así como del cierre de empresas “solventes” que se han producido en los últimos tiempos en uno de los polos industriales de la Comunitat Valenciana -Sagunto y la comarca del Camp de Morvedre, además del Alto Palancia (Castellón)- que está afectando a miles de trabajadores.
Desde la CGT recuerdan casos como los de Bosal (222 empleados afectados); Baux (182 empleados); Pilkington (más de 300); Ferrodisa (unos 200); Tumesa (más de un centenar); Prosidmed (unos 60); Forflesa (alrededor de 50); o ArcelorMittal (con un millar de trabajadores), que se suman al cierre hace año y medio de Galmed (con 165 empleados), que ahora podría reabrir de la mano de ArcelorMittal.
El sindicato denuncia cómo muchas de estas empresas, “acogiéndose a la ley”, hace un “abuso extraordinario” de medidas que afectan a miles de trabajadores, algunas de las cuales pasan por la precariedad laboral o el desmantelamiento de industrias argumentando cuentas que “han convertido en deficitarias tras trasladar producciones y desmantelar instalaciones”, al tiempo que criticaban la gestión de la Generalitat Valenciana para “evitar semejante desastre”, como es el “desmantelamiento” del sector siderometalúrgico valenciano.
CGT insiste en estas “fraudulentas artimañas patronales” dentro de la legalidad que permiten la “congelación salarial indefinida; despido de personal estable; contrataciones temporales con salarios inferiores en hasta el 50% respecto al personal fijo; condiciones laborales muy precarias, inasumibles, sin derecho a bajas laborales o con jornadas maratonianas; horas extra sin remuneración... todo ello con el beneplácito de la reforma laboral”.
La organización sindical, que ha denunciado muchos de estos casos en vía judicial, insiste en poner demanifiesto esta práctica “fraudulenta” de muchas empresas solventes con la “excusa de la crisis”, que es “inaceptable en un país desarrollado y democrático”.
