ERTEs: El SEPE cumple

Desde el inicio del estado de alarma provocado por la COVID-19, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido y abonado prestaciones extraordinarias a un total de 5.206.552 personas, el 72% de las cuales están incluidas en ERTEs, modalidad de regulación temporal cuyo objetivo ha sido evitar primero una destrucción estructural del empleo manteniendo el capital humano disponible (labor hoarding) y facilitar, después, la recuperación de la actividad productiva, reduciendo costes empresariales y garantizando parte de sus ingresos (70% de la base reguladora) a los trabajadores afectados.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana las prestaciones por COVID-19 gestionadas por el SEPE durante el pasado mes de mayo alcanzan a 601.752 trabajadores, de los que 430.564 (la cuarta parta de la población asalariada) están incluidos en ERTEs, en un proceso que pone de manifiesto la eficacia de esta medida de protección social que ha contribuido decisivamente a paliar el devastador impacto de la crisis, evitando con ello duplicar las actuales cifras de paro registrado (440.517).

Se trata, asimismo de un extraordinario esfuerzo económico y de gestión (5.121 millones de euros abonados en la primera semana de junio, 592 de los cuales en nuestra Comunidad), que expresa el compromiso gubernamental de desplegar un escudo social que defienda el empleo, ayude a las empresas y proteja a los trabajadores, demostrando en la práctica que era posible otra forma de gestionar las crisis económicas, pese a la descomunal magnitud y concentración de la actual que, en apenas dos meses, ha alcanzado niveles de impacto muy superiores a los registrados durante los seis peores años de la anterior, si bien las medidas implementadas en ambos casos difieren notablemente.

Sin los planes extraordinarios de ayudas a empresas (créditos ICO, exenciones fiscales y a la Seguridad Social), autónomos (transferencias por cese de actividad), trabajadores (prestaciones por ERTEs) y desempleados (subsidio de paro e Ingreso Mínimo Vital), el PIB se hubiera desplomado 3,5 puntos adicionales (en marzo ya había caído un 5,2%) y la destrucción de empleo habría sido dramática hasta superar los peores registros de la pasada crisis (tasa de paro del 28,2% en 2013), mientras que actualmente sigue contenida en niveles muy inferiores (datos del BBVA Research)

Por lo que se refiere concretamente al mercado de trabajo, entre 2008 y 2013 se presentaron en la Comunidad Valenciana 17.924 expedientes de regulación de empleo (EREs), con el resultado de 262.773 trabajadores despedidos, mientras que la normativa actual de los ERTEs (Real Decreto 8/2020) suspende temporalmente el empleo, garantiza la salvaguarda de los puestos de trabajo (prohibición del despido durante los 6 meses siguientes), la percepción de prestaciones sociales a los trabajadores y la posterior reanudación de la actividad empresarial.

Con el inicio de la desescalada sanitaria se está registrando ya, desde mediados  de mayo, una lenta reactivación económica con efectos positivos sobre el empleo, de carácter tanto gradual como asimétrica, cuyos principales indicadores son el menor incremento del paro respecto de los dos meses anteriores (en la Comunidad Valenciana fue sólo de 575 parados más), la evolución positiva de la afiliación a la Seguridad Social (+15,3% de variación intermensual) y el progresivo rescate de trabajadores en ERTEs para su reincorporación a la actividad productiva (457.900 a nivel nacional y algo más de 90.000 en nuestra Comunidad).

Tendencias todas ellas que avalan la estrategia de protección social y económica desarrollada, de la que los ERTEs constituyen un factor clave también a nivel europeo: 42 millones de trabajadores regulados por medidas similares en la UE-27 (FEDEA, Policy paper, 2020/6). Valoración positiva que comparten los sindicatos y patronales de nuestro país que, desde el dialogo social, plantean ahora su prórroga hasta finales de setiembre, con objeto de contribuir a la progresiva desescalada socioeconómica.

Con todo, desde el SEPE somos conscientes de que restan aún por reconocer y abonar las prestaciones correspondientes a unos 6.000 trabajadores de nuestra Comunidad, debido a errores en la documentación aportada por empresas y entidades intermediarias, lo que si bien representa un porcentaje poco relevante estadísticamente (1,5%) lo es mucho más en términos sociales y éticos por cuanto afecta a mujeres y hombres que, expectantes e impotentes, se han visto arrastrados por la crisis hacia situaciones de creciente precariedad y con quienes hemos contraído un compromiso de disculpas y reparación que esperamos cumplir en los próximos días, como corresponde a un servicio público esencial.

*Pere J. Beneyto, director provincial del SEPE en Valencia