Fiscalía investiga la gestión de la Fundación del Hospital General de Valencia en la etapa del PP
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras el informe presentado por la nueva gerente de la Fundación para la Investigación del Hospital General de Valencia, Raquel Gálvez.
Gálvez encargó nada más acceder a la gerencia una auditoría sobre el primer semestre de actividad de la entidad, de la que se desprenden una veintena de irregularidades como gastos sin justificar, adjudicaciones sin concurso y contrataciones de personal al margen de los procedimientos adecuados.
Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, en los primeros seis meses del año pasado, últimos gestionados por el PP, constan 946.000 euros adjudicados de forma directa por contratos menores (670.803 euros) o por procedemiento negociado (275.687 euros), lo que implica ausencia de publicidad.
Según la auditoría, en los expedientes de contratación revisados se han detectado incidencias como ausencia de acreditación de solvencia financiera o profesional, ausencia de contrato en el expediente de contratación, ausencia de albaranes que justiquen la correcta recepción de los materiales o ausencia de pedidos formales de los materiales o servicios a los proveedores.
Ante esta situación, los actuales responsables del Patronato de la Fundación, dependiente de la Diputación de Valencia, ya han anunciado que analizarán también la gestión llevada a cabo por los anteriores gestores, entre los años 2011 y 2014, cuando estuvieron al frente de la entidad en tiempos de gobierno del PP, Julio Cortijo como gerente de la Fundación, y Sergio Blasco (sobrino del exconseller Rafael Blasco, en prisión por el fraude de las ayudas al tercer mundo) primero y José Manuel Iranzo después como gerentes del Consorcio Hospital General Universitario.
Al respecto, la diputada provincial y consejera del Patronato Mamen Peris ha asegurado que estos indicios de irregularidades, que han sido confirmados en la auditoría, “aportan datos escandalosos y con numerosas actuaciones constitutivas de delito”.
El Patronato votó por unanimidad la decisión de poner el informe en manos del Ministerio Fiscal, un hecho que, según Peris, “era nuestra obligación porque, de lo contrario, seríamos cómplices de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. La diputada ha reiterado que “con la corrupción no se juega y como personas con cargo públicos hemos actuado como debíamos y lo seguiremos haciendo”.
El actual Patronato de la Fundación se constituyó en diciembre de 2015 y en esa primera reunión se decidió que la gerencia saliera a concurso público, así como el encargo a Intervención de esa primera auditoría de ese mismo año.
En mayo, con la entrada de la nueva gerente de la Fundación, Raquel Gálvez, se solicita formalmente dicha auditoría, cuyo resultado arroja “indicios de delito y un uso de la Fundación, de naturaleza pública, como una institución privada”, explica la diputada de Salud, Mercedes Berenguer.
