El Gobierno se desentiende de los privilegios de Barberà y Camps al declarar por Nóos

El Gobierno ha asegurado que la Unidad de Vigilancia y Protección del ministerio del Interior no recibión instrucciones de ningun tipo sobre las instrucciones de acceso de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, o el exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps a la Ciudad de la Justicia con motivo de sus declaraciones como testigos ante el juez Castro por el caso Nóos.

Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, quien ha afirmado que “queda claro que la jugada de evitar entrar a la sede judicial por el acceso principal, como cualquier hijo de vecino, corresponde a Barberà y Camps, ya que el ministerio del Interior no dio ninguna orden al respecto”.

Sixto insta a la alcaldesa y al exvicepresidente a que, “si tienen un poco de vergüenza”, den una explicación sobre por qué utilizaron un acceso secundario y “restringido” para entrar a la Ciudad de la Justicia y evitar a diversos colectivos que se habían concentrado en la puerta así como a los medios que estaban esperándoles, “se trata de un privilegio impresentable y discriminatorio que ni siquiera la hija del Rey -la infanta Cristina cuando acudió a declarar en los juzgados de Palma también por el caso Nóos- obtuvo”.

Malestar en el TSJCV

Barberà acudía a declarar, en calidad de testigo, a la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado 16 de noviembre con motivo del caso Nóos, mientras que Gerardo Camps testificaba ante el juez Castro el día 15. Ambos accedían a la sede judicial por accesos secundarios, y eso a pesar de que se dieron directrices expresas para que la entrada se produjera por el único acceso habilitado al efecto, la puerta principal.

Esta circunstancia provocó el malestar de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que decidió solicitar información al respecto de estos privilegios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como a las distintas administraciones implicadas, además de comunicárselas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que trasladara estas irregularidades al ministerio del Interior.

Tanto Barberà como Camps parece que acudieron a la Ciudad de la Justicia acompañados por miembros de la Policía Autonómica. Y mientras el TSJCV denunciaba este trato de favor a la alcaldesa y al ex vicepresidente, el conseller de Gobernación destacaba la “perfecta coordinación” entre ambos organismos.