El Gobierno valenciano lleva el reparto de menores no acompañados al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo

El Gobierno valenciano que dirige el presidente Carlos Mazón incrementa su estrategia de confrontación con el ejecutivo central a cuenta de la reubicación de los menores no acompañados que han llegado en los últimos meses a las Islas Canarias.

Como ha informado elDiario.es, diversos alcaldes y alcaldesas han recibido una carta de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por medio de la que se les pregunta si tienen disponibilidad para acoger a alguno de los 571 menores que llegarán a la Comunitat Valenciana. Una de las receptoras de la misiva, la alcaldesa socialista de Altura, Rocío Ibáñez, se mostró crítica al considerar que supone una delegación de responsabilidades en los municipios.

Al respecto, desde Servicios Sociales han explicado que han enviado estas cartas para que colaboren indicando las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en sus municipios, en los que se pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados. Sin embargo, no han especificado si las han enviado a todos los ayuntamientos y, de no ser así, los criterios que han seguido a la hora de elegir a qué localidades se remitían.

“Abrimos una vía de diálogo con los municipios, con carta a alcaldes cuando se ha confirmado el reparto, y les explicamos la gestión de estos repartos, les trasladamos la información para conocer su disponibilidad de recursos. Al contrario que el Gobierno, que nos impone a las comunidades autónomas repartos invadiendo nuestras competencias”, han comentado.

Las mismas fuentes han informado de que han enviado cartas “al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones del Gobierno para el traslado de menores sin contar con capacidad y alertar del riesgo de ruptura del el sistema de protección de la Comunitat”.

Además, han recordado que han recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo ante el Tribunal Constitucional, así como las diferentes normas que lo desarrollan, como la del decreto de capacidad con la que se va a solicitar la suspensión cautelar,

Desde Servicios Sociales han lamentado que se han reunido “con las entidades sociales que se ocupan de la atención a menores las cuales han mostrado su preocupación ante la incapacidad para atender a más jóvenes en el sistema” y han recordado que “la Generalitat lleva semanas pidiendo colaboración a distintos organismos dado los pasos que va dando el Gobierno para cumplir su amenaza, sin atender a razones, sin diálogo y sin recursos”.

Al respecto, han vuelto a cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez al asegurar que “incumple su obligación legal y la sentencia del Tribunal Supremo durante 5 meses, para atender a 1.200 menores que piden asilo, y al mismo tiempo amenaza y chantajea a las comunidades autónomas con el traslado de 4.000 menores”. Un traslado que “pretende romper el sistema de acogida que tenemos en la Comunitat Valenciana y que ofrece recursos para una atención integral y de calidad, después de aumentar en un 62% las plazas en los últimos años, hasta 319, y tener el sistema ya tensionado, al 160% de su capacidad”.

Sobre la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas, Diana Morant ha destacado que la vicepresidenta Camarero ha admitido que estamos en menos “del 30% de la capacidad que debería asumir la Comunitat Valenciana” y le ha exigido “que haga su trabajo, que se dejen de excusas y que cumplan con su responsabilidad”: “Los gobiernos estamos para poner soluciones a las distintas crisis que van apareciendo, y ahora ante la crisis migratoria lo que se exige es solidaridad en la acogida y responsabilidad en la asunción de sus competencias”, ha señalado Morant.

“La Comunitat Valenciana es una tierra solidaria, tenemos por población capacidad de sobra para asumir la acogida de estos niños y estaríamos hablando de solo cubrir el 60% de las capacidades que le tocaría a la Comunitat Valenciana”, ha dicho Morant.