El fraude invisible en los cursos de formación: las fiscalías archivan denuncias y las administraciones no controlan
Las “mordidas” a los sueldos de los profesores que imparten los cursos de formación para parados en centros privados de certificación han sido más que habituales en los últimos años y en toda España. Así lo acreditan los documentos, grabaciones y denuncias con nombre y apellido que viene revelando eldiario.es en los últimos días. Además, los buzones de información de las administraciones autonómicas y los foros de internet están también llenos de relatos que certifican punto por punto el modus operandi.
¿Pero qué ha pasado para que este presunto fraude a gran escala en fondos europeos no haya sido frenado y sancionado por la justicia o la administración? Hasta la fecha, varios juzgados y fiscalías provinciales y superiores han archivado denuncias de particulares por estos pagos encubiertos de los profesores autónomos a las empresas que los contratan, bien en dinero negro o a través de la prestación ficticia de servicios que el centro de formación ofrece a sus propios docentes.
La Fiscalía de Alicante archivó una denuncia del profesor Gerardo Gandia presentada en 2016 al considerar que los delitos denunciados estaban prescritos. Básicamente, la información que le presentó el particular al fiscal provincial era de cursos celebrados entre 2002 y 2012, aunque estas prácticas continúan perpetrándose en la actualidad, según la docena de testigos consultados por eldiario.es.
El fiscal superior de Catalunya también archivó una denuncia sobre el cobro de “mordidas”. En este caso, el denunciante fue un inspector del Servei d'Ocupació de Catalunya, Carlos Martínez, quien advertía de una práctica generalizada y se negó a validar las justificaciones de los centros, algo que acabó costándole una jubilación prematura. En este caso y tras una investigación de la policía judicial con toma de declaraciones a otros inspectores, el Ministerio Público concluyó que se trataba de “irregularidades administrativas” y no tenían relevancia penal.
Pese a no haber perseguido el rastro del dinero devuelto, en la mayoría de casos no declarado a la Agencia Tributaria, policía y fiscalía no siguieron adelante con las investigaciones. Esas irregularidades administrativas no fueron posteriormente puestas en cuestión por la propia administración.
Según fuentes de Labora (el servicio valenciano de empleo), en la Comunitat Valenciana la fiscalía ha archivado otras dos denuncias en los últimos tres años. En este caso, denuncias presentadas por particulares. “En una de ellas intervino la policía judicial, pero fue desestimada porque el presunto fraude no superaba los 11.000 euros”, explican.
En estos momentos, revelan desde Labora que tienen abierto un expediente contra un centro de formación valenciano por las “mordidas” a docentes. “Nosotros cuando las denuncias vienen de parte de particulares con nombre y apellido les acompañamos a la fiscalía y abrimos procesos administrativos”, explican las mismas fuentes.
La presentación de denuncias particulares provoca que los montantes económicos que se persiguen no sean muy elevados. Por eso es tan importante que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido el caso para poder ver desde una “vista aérea” un problema que, según la información que está desvelando eldiario.es, ha sido generalizado y se viene realizando desde hace lustros en todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.
En Andalucía, prosiguen causas abiertas en diferentes juzgados por los cursos de formación para parados dentro del escándalo conocido en España como los ERE. Eso sí, otros, han archivado denuncias por no apreciar que puedan tener una reprimenda legal.
Mientras la justicia no acaba de coger el toro por los cuernos en este caso, en el que hay centenares de afectados por toda España y de varias generaciones, la administración tampoco ha sido más diligente. Las diferentes informaciones, correos electrónicos, grabaciones y testimonios recabados por eldiario.es acreditan que los inspectores no consiguen atajar el cobro de “mordidas” a los docentes. Además, la legislación es poco estricta y las sanciones prácticamente inexistentes.
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha preguntado en esta legislatura a la Comisión Europea por el control de los fondos europeos para la formación de parados en España. La comisaria del ramo contestó a Albiol que el control de la correcta ejecución de los programas corresponde a las autonomías. Y hasta la fecha, ha sido un más que sonado fracaso.
Según ha podido confirmar eldiario.es, en la Comunitat Valenciana durante la etapa del PP, los cursos de formación se justificaban con una mera declaración jurada del centro de formación. Ni facturas ni justificantes de pago a los docentes ni tampoco lo recibido por los mismos. Aún así, la fiscalización es ahora mucho más exhaustiva, pero las denuncias de los profesores continúan siendo muy numerosas, lo que evidencia que las prácticas siguen estando presentes, aunque en la patronal de los centros de formación consideran que no están generalizadas.
La administración autonómica tampoco ha iniciado campañas de concienciación o de información en el profesorado para combatir las “mordidas” de las academias. Y legalmente, tampoco se han puesto medidas concretas para combatir esta situación. Este descontrol en la administración ha motivado que la desesperanza y el pesimismo cundan entre los docentes, que muchas veces ven inútil denunciar porque la situación no se revierte. Otros, deciden seguir formando parte del fraude en el que son los perjudicados. En un país de trabajo precario son las víctimas perfectas aunque, sin saberlo, se convierten en colaboradores de posibles delitos.
Durante todos estos años en el que muchos profesores han sufrido estas prácticas, las academias han continuado criticando los retrasos en los pagos por parte de la administración.
