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Un joven agredido en una discoteca de Valencia pide cinco años de prisión para tres vigilantes y el agravante de odio

El joven agredido en una discoteca en València el pasado marzo.

Lucas Marco

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Un joven marroquí que denunció una agresión racista en la discoteca MYA de Valencia pide para los tres vigilantes de seguridad cinco años de prisión por los presuntos delitos de lesiones y contra la integridad moral. El pasado 6 de marzo los acusados sacaron al joven de la sala VIP de la conocida discoteca situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. A la salida del recinto, según el escrito de acusación, le propinaron empujones y un golpe que le fracturó la nariz. Los acusados tiraron al joven al suelo y le propinaron patadas “para posteriormente cogerlo entre ellos de la pierna y brazos” hasta llevarlo a la zona de la rampa, “siendo evidente” que el joven “necesitaba asistencia sanitaria” y “dejándolo abandonado”.

Mientras la víctima permanecía en el suelo, uno de los acusados le arrancó la pulsera de acceso a la zona VIP “con la intención de que no pudieran relacionarlo terceras personas con su presencia en la discoteca. Además, le propinó un bofetón ”siendo todo esto favorecido por los otros dos acusados que permanecieron en el lugar para asegurarse la ejecución“.

Los vigilantes, según el escrito de acusación, se dirigieron al joven con expresiones como “moro de mierda” y le dijeron: “te mato”. El joven, como consecuencia de la agresión, sufrió una fractura de huesos en la nariz y erosiones en el cuello y en la muñeca.

Delito “por motivos racistas”, según València Acull

Así, el letrado del joven, el penalista Juan Molpeceres, solicita tres años de prisión por un presunto delito de lesiones y dos años por un presunto delito contra la integridad moral. Además, incluye el agravante por motivo de odio, “por haber cometido el delito por motivos racistas”, según indica València Acull, la entidad que ha acompañado y orientado al joven en el marco de su Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación. La ONG destaca que en el interior de la discoteca, antes del desalojo del joven marroquí, no se produjo incidente alguno.

En materia de responsabilidad civil, el escrito pide 3.000 euros de indemnización por las lesiones y 8.000 por los daños morales. El escrito de acusación considera a las dos aseguradoras de la discoteca responsables civiles directos y a la empresa que gestiona el recinto (HFS Salamandra SL) como responsable civil subsidiaria.

También pide la declaración como testigos de varios agentes de la Policía Nacional así como el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad.

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