La Generalitat defiende el ERE de RTVV en el juicio de la Audiencia Nacional

La Generalitat y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la sociedad que gestionará la futura televisión pública valenciana, han defendido este miércoles en la Audiencia Nacional la legalidad del ERE que despidió a los 1.600 trabajadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en 2014, meses después del cese forzoso de las emisiones. La decisión se tomó por causas económicas y de “fuerza mayor”

El tribunal dirime el recurso de la CGT contra el expediente de regulación de empleo impulsado por el PP a finales de 2013. A la denuncia original -a la que posteriormente se adhirieron el resto de sindicatos con representación en RTVV pese a que firmaron el ERE- se añade la de la sucesión de empresas. Los sindicatos creen que la creación de la nueva televisión pública vulnera la ley por, entre otras cosas, no contar con los empleados de Canal 9 despedidos.

Además, creen nulo el despido de los trabajadores e inconstitucional la ley que permitió el cierre de la cadena. El fiscal, informa Efe, duda de que sea así, aunque otra cosa, ha apuntado, es si se optó por el “camino correcto” en la extinción de los contratos. La acusación pública solo se han pronunciado en este punto.

Los abogados de CGT, CCOO, UGT o Intersindical han defendido que no había motivos económicos para el cierre, que éste fue un acto de rebeldía contra una sentencia que anuló el despido de centenares de empleados y que el actual gobierno valenciano -formado por el PSPV-PSOE y Compromís- actuó de mala fe: prosiguió con el ERE impulsado por el PP cuando ya había decidido crear otra televisión.

Los abogados de la Generalitat y la CVMC defienden, por contra, que el cierre de RTVV y la creación del nuevo medio público son legales. El ERE fue producto de una ley aprobada por las Corts Valencianes y fue apoyado el 70% de los trabajadores, que aceptaron indemnizaciones de 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades.

De haber defectos en el procedimiento, como mucho se podría declarar improcedente, dicen los letrados del gobierno valenciano. La improcedencia, a diferencia de la nulidad, la petición sindical, no fuerza la recuperación de un puesto de trabajo. Los extrabajadores también creen que la nueva televisión va contra la ley: Tiene el mismo propietario, usará las mismas instalaciones, se verá en la misma frecuencia y tiene idénticos objetivos. Una sucesión de empresas de libro, arguyen.

En el lado contrario, los argumentos son otros: Todos los contratos de RTVV han sido resueltos y han pasado más de tres años entre el cierre de una televisión y la apertura de otra. El abogado de la CVMC ha ha negado que se estén usando los medios técnicos y documentales de RTVV y ha pedido que se saque a esa empresa del proceso porque  no intervino en la decisión de ejecutar el ERE.

De fondo, la Generalitat plantea que entre el PP -partido que decidió finiquitar Canal 9- y el actual gobierno valenciano no hay ningún tipo de connivencia para dañar a los acreedores o a los extrabajadores de la empresa, suupestos que se dan en muchas sucesiones de empresas.

Los trabajadores contra el Consell del Botànic

El juicio se ha iniciado a las 9 de la mañana, ha quedado visto para sentencia al filo de las 3 de la tarde y ha contado con las declaraciones de los negociadores del ERE, inspectores de trabajo, el presidente de la CVMC, Enrique Soriano o los liquidadores de RTVV. Decenas de extrabajadores de la televisión se han desplazado a Madrid, donde han criticado al Consell por incumplir sus promesas y no revertir el ERE del PP.