La justificación del Gobierno para no cerrar la nuclear de Cofrentes: España no puede desmontar más de dos centrales a la vez

La central nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgue el permiso definitivo para prorrogar su funcionamiento hasta el año 2030. La autorización actualmente en vigor caduca este mismo mes y la vida útil de la instalación finaliza en el año 2024, cuando cumplirá 40 años.

Pese a todo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aprobó el pasado 17 de febrero la solicitud de renovación de autorización de explotación de la central por el periodo solicitado de nueve años y medio, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2030. Este informe basado en los resultados de la evaluación del CSN, contenidos en 46 informes técnicos especializados, se remitió al ministerio para su autorización.

La vicepresidenta cuarta y ministra del ramo, Teresa Ribera, aseguró este jueves en un acto en Castellón que por encima de cualquier decisión sobre la prórroga solicitada por la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para seguir explotando las instalaciones hasta 2030 estará la seguridad del funcionamiento, del desmantelamiento y del suministro.

Ribera comentó que la semana pasada se recibió el expediente en el Ministerio y que se está analizando, al tiempo que insistió en que se trata de una central nuclear que cuenta con el aval en términos de seguridad y con los requerimientos de inversión adicionales que señala el Consejo de Seguridad Nuclear.

Sin embargo, dio una nueva clave que hasta ahora no se había revelado para justificar el mantenimiento de la central de Cofrentes al asegurar que Enresa, empresa pública de gestión de residuos radiactivos, no tiene capacidad para desmontar más de dos centrales al mismo tiempo.

“En un ejercicio que nos parecía muy importante en términos de responsabilidad a la hora de entender cuál era la vida real con la íbamos a trabajar en el conjunto del parque nuclear en España, no solo en términos de planificación del sistema eléctrico, sino también de funcionamiento y desmantelamiento seguro, aparecía en el acuerdo entre los titulares de las distintas centrales y Enresa, que es quien debe acometer el desmantelamiento, y subrayaba que no podía trabajar en más de una y media o dos centrales a la vez, e indicaban que para Cofrentes la fecha más razonable era 2030”, dijo Ribera.

La ministra añadió que hay que esperar para ver el contenido del expediente, y afirmó que “por encima de cualquier decisión estará la seguridad del funcionamiento, del desmantelamiento y del suministro y sobre esas premisas, en caso de afrontar la petición de los titulares en términos positivos, se produciría una autorización con fecha de cierre en 2030”.

Ribera destacó que técnicamente sería una autorización de vida y cierre simultáneo sometida al cumplimiento de las condiciones, inversiones y requisitos de seguridad que se hayan fijado.