Una planta fotovoltaica impulsada entre Ayora, Zarra y Jarafuel, atascada tras cuatro años de trámites por los reparos de Territorio

La central nuclear de Cofrentes que produce el 46% de la energía valenciana finalizará su actividad en el año 2030 según los planes anunciados por el Gobierno.

Esta situación ha hecho que desde el Gobierno valenciano se impulsa la creación de plantas fotovoltaicas con el objetivo de generar el máximo de energía posible una vez se calusure la central, de forma que no sea necesario depender de compras externas en la medida de lo posible.

Según las previsiones de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, la energía fotovoltaica instalada debería de multiplicarse por 16 hasta 2030 en la Comunitat Valenciana para pasar de los 360 megavatios actuales a 6.000 y corregir el retraso en renovables que existe en esta región.

En esta línea y en un ejemplo de coordinación, los municipos de Jarafuel, Ayora y Zarra impulsaron en el año 2018 un Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables con el objetivo de implantar una planta fotovoltaica, un procedimiento que se ha venido tramitando de la mano de las tres consellerias implicadas, en concreto de la de Economía, la de Política Territorial y la de Emergencia Climática.

Sin embargo, el proyecto permanece atascado desde el pasado mes de septiembre por los reparos de la dirección general de Política Territorial y Paisaje dependiente de la Conselleria de Política Territorial, con el consiguiente malestar de los alcaldes de las tres localidades.

Según ha explicado el primer edil de Ayora, José Vicente Anaya (PP), “después de cumplir con todas las recomendaciones y de hacer un trabajo de mapeo para buscar el mejor terreno posible se pudo acotar una superficie de terreno que representa el 25% del suelo no urbanizable común, lo que equivale a 900 hectáreas que básicamente son tierras de cultivo abandonado sin ningún valor ambiental o patrimonnial”.

Sin embargo, Anaya ha comentado que tras obtener el visto de Economía, la Conselleria de Política Territorial emitió “un informe favorable condicionado a reducir el terreno afectado al 2,5% de la superficie no urbanizable común, lo que equivale a 449 hectáreas, un requisito que la dirección general se ha sacado de la manga porque no consta en ninguna normativa”.

En términos parecidos se ha manifestado el alcalde de Zarra, Ángel Pérez (PSPV), quien ha insistido en que la limitción del 2,5% “es una interpretación de la directora general, de hecho, hasta dos meses después no hay nada por escrito al respecto y lo que hay es una directriz interna firmada por técnicos, pero nada a efectos legales que haya publicado oficialmente el Consell”. Además, ha añadido que con esa limitación “es imposible que se instale ninguna planta en toda la Comunitat Valenciana, las pondrán en Castilla-La Mancha y aprovecharán las líneas eléctricas que pasan por esta zona”.

Con todo, Pérez se ha mostrado esperanzado en que finalmente “el proyecto salga adelante” porque supondría la generación de 1.100 megawatios en diferentes islas conectadas entre sí que además no implica la tala de ni un solo árbol“.

El primer edil ha lamentado que estas trabas no ayudan a luchar contra la despoblación: “Estas plantas implican ingresos para los ayuntamientos y empleos indirectos y estas trabas no ayudan precisamente a luchar contra la despoblación; aquí el año que viene podrían cerrar el colegio porque solo quedan dos alumnos”.

Por su parte, según han informado desde la dirección general de Política Territorial que gestiona Rosa Pardo (Compromís), “la implantación de usos y actividades en el suelo no urbanizable, según ha venido manteniendo tanto nuestra legislación urbanística como la estatal, tiene un carácter excepcional por lo tanto sometido a estrictos controles del uso racional del suelo”. De esta forma, “la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en sus directrices, se refiere continuamente a la necesidad de limitar la implantación de estos usos, en suelo no urbanizable, atendiendo a esta excepcionalidad y a la propia capacidad de acogida del territorio”.

Las mismas fuentes han añadido que “en el caso de las plantas fotovoltaicas, este es un uso excepcional en el suelo no urbanizable, y debe someterse a criterios de ocupación racional del suelo”. En este sentido, “y a través de criterios de la propia ETCV, y de los utilizados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se estimó un indicador de sostenibilidad de la ocupación del 2,5% del suelo no urbanizable de régimen común, suficiente para la satisfacción de los objetivos energéticos de la Comunitat Valenciana”.

No obstante, han añadido que “tanto la legislación urbanística, territorial y de paisaje de la Comunitat Valenciana como en el Decreto Ley 14/2020, que regula la implantación de energías renovables, se establece la prioridad general de orientar la implantación de usos y actividades hacia los suelos de menor valor ambiental, territorial, cultural y paisajístico”.

En concreto, “en el caso de las plantas fotovoltaicas se determina la prioridad de ocupar, vertederos, zonas mineras abandonadas, espacios degradados o suelos de baja capacidad agrológica, evitando la ocupación de suelos de valor agrario necesarios para cumplir los objetivos necesarios de garantizar la seguridad alimentaria”. Por ello, “este indicador de ocupación de suelo por plantas fotovoltaicas podrá flexibilizarse como incentivo para que se ocupen estos tipos de suelos degradados y de baja calidad”. Es decir, “se podrá ocupar más suelo no urbanizable de régimen común si las plantas se orientan hacia estos suelos”.