Alicante, cuando los regalos de empresarios a políticos y funcionarios se convierten en algo “normal”
El pasado mes de noviembre -mes y medio antes de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, renunciara a la Alcaldía a través de Facebook para convertirse en tertuliana de Telecinco-, la mayoría absoluta del PP en el ayuntamiento alicantino aprobaba en pleno unos presupuestos municipales que tenían como una de sus características principales que destina 1 de cada 5 euros a pagar las contratas de Enrique Ortiz, el “empresario de cabezera” de Castedo según ha denunciado hasta la saciedad la oposición.
Precisamente, este viernes declaraba Ortiz como imputado por las irregularidades urbanísticas del caso Rabassa -una causa derivada de Brugal-, y el empresario reconocía su amistad con los exalcaldes Sonia Castedo -a pesar de que la exmunícipe ha negado reiteradamente que tuviera una relación de amistad con el empresario- y Luis Díaz Alperi, además de asegurar que si obligación es ir “detrás de políticos y técnicos”, como quedó demostrado en las comprometedoras grabaciones del caso Rabassa, que sacan los colores al PP valenciano.
El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, también se refirió a los habituales regalos del empresario alicantino a políticos y funcionarios, de los que aseguraba que es algo “absolutamente sabido y legal. No es nuevo, es una costumbre en España y muchos países que en Navidad se tengan detalles con personas conocidas y no constituye delito, en principio”, puntualizaba Ruiz a expensas de la decisión del juez.
El propio empresaio alicantino reconocía en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 sus obsequios a los políticos desde hace años, “regalos de Navidad a políticos amigos de todos los organismos y partidos”, y puntualizaba que, aunque hoy “nos sorprende, era algo normal”, y podían ser desde “un jamón o una chaqueta a un bolso, y ahora es una tarjeta”.
Sin embargo, el problema no son los regalos, sino el hecho de que éstos provienen de alguien que no sólo es adjudicatario de contratos públicos sino que además sus empresas se llevan el 20% del dinero del Ayuntamiento de Alicante. Además, el 70% del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del controvertido empresario y 3 de las 4 grandes contratas municipales han sido concedidas a UTEs (Unión Temporal de Empresas) participadas por Ortiz.
