Compromís y Esquerra Unida no pedirán la dimisión de Jorge Rodríguez a la espera de acontecimientos

Las reacciones a la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, no se han hecho esperar entre sus socios de Gobierno en la institución provincial, quienes han mostrado su “sorpresa” por el despliegue policial que se ha llevado a cabo por unos presuntos “contratos irregulares”.

El diputado de Compromís Xavier Rius ha calificado el desarrollo de la operación Alquería de “desproporcionado” y ha recordado que las personas de las que se habla entraron cuando Divalterra era todavía Imelsa y que estuvieron menos de dos años trabajando en la empresa pública y que hace unos meses que dejaron de trabajar allí. Sobre la cogerente de Divalterra nombrada por Compromís, Agustina Brines, Rius ha explicado que no es un cargo electo sino una persona con un puesto profesional, aunque probablemente sea afiliada del partido.

La formación valencianista esperará a ver cómo se desarrolla la investigación para determinar si exigen o no algún tipo de responsabilidad. En este mismo sentido se ha expresado la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, quien también ha considerado “desproporcionado” el operativo policial.

Pérez Garijo ha insistido en que quieren mantener la cautela y no precipitarse, al tiempo que recordaba que EUPV ha demostrado siempre que han sido los primeros en denunciar cuando han detectado cualquier cosa irregular, algo que no ha sucedido en este caso.

El diputado de València en Comú (VALC) en la Diputación de Valencia Berto Jaramillo ha asegurado que su grupo será “implacable” si se confirman “prácticas corruptas” en la corporación, tras el inicio de la operación policial. Jaramillo ha subrayado que la formación “reaccionará con contundencia contra cualquier práctica ilegal, corrupta o falta de ética en la vida pública”.

Por último, el socialista Pablo Seguí ha mostrado su confianza en el presidente, en el equipo de gobierno provincial y en la dirección de Divalterra, así como ha defendido que si se trata de los contratos de 2015, éstos se hicieron con arreglo a la ley. Así mismo, ha indicado que van a colaborar con la Justicia y que no disponen de más información, por lo que quieren ser “prudentes”.