El Consell acusa al PP de “buscar condenas y no información” judicializando la transparencia
“Lo que se busca son condenas y no información (...) seguramente para blanquear su pasado, ya que el anterior ejecutivo fue el Consell más opaco en la historia de la Generalitat”. De este modo se acusa desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico al PP tras un nuevo caso de judicialización sobre la transparencia informativa de la Generalitat.
Conselleria ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV que ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un diputado del PP de las Corts que reclamó la remisión de una copia, “en soporte informático”, de todos los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas de las conselleries y, en su caso, por la Intervención General, entre julio de 2015 y enero de 2016.
El departamento de Hacienda censura la “mala fe” del grupo popular de las Corts por “emplear argumentos falsos”. Así afirman desde Hacienda que la documentación solicitada, que abarca miles de papeles repartidos por todos los expedientes obrantes en las intervenciones delegadas, según el PP “es una documentación de la que dispone el Consell en soporte informático y es fácilmente trasladable” a su grupo, máxima que se niega desde la conselleria.
El departamento de Vicent Soler afirma por el contrario que “el recurrente es perfecto conocedor” de la falsedad de que la información esté digitalizada, ya que formó parte hasta junio de 2015 del gobierno de la Generalitat. Como muestra de la “precaria implantación de la Administración electrónica” a junio de 2015, Hacienda subraya que solo el 12% de los trámites administrativos se realizaba por vía telemática, “con un enorme retraso respecto a otras administraciones”. En el caso específico de la Intervención, esos documentos no existen en soporte informatizado.
“Confundir y manipular”
Para la Conselleria de Hacienda todo esto “evidencia la actuación premeditada del grupo recurrente para confundir y manipular los hechos de forma torticera” porque el PP “tiene conocimiento de la inexistencia de la información digitalizada que está reclamando ante el juez”. Así desde el Consell se avanza que va a trasladar al juzgado un certificado acreditativo de que ese documentación no está digitalizada.
El fallo se produce pese a que la conselleria, a través de la “satisfacción extraprocesal”, accedió “en su totalidad” a las pretensiones del diputado demandante, “a fin de facilitarle su derecho de control de la labor realizada por el Consell”, comunicándole que esos informes están custodiados en las intervenciones delegadas de cada una de las conselleries y en la de Presidencia y, en su caso, en la Intervención General, indicándole que esos papeles le serán “puestos de manifiesto en el lugar, día y hora que concierte con cada una de las intervenciones delegadas y con la Intervención General”.
Hacienda añade que el diputado recurrente aceptó implícitamente esta satisfacción extraprocesal al dirigirse a cada una de las intervenciones delegadas, como admite en su demanda, e incluso se personó en las dependencias de la Intervención General a fin de establecer un calendario de acceso a la documentación. “Es más, se llegó a acordar con el diputado centralizar la puesta a disposición de los papeles en las dependencias de la Intervención General, a fin de evitar que tuviera que desplazarse a cada una de las intervenciones delegadas”.
Sin embargo lamentan que “mientras mantenía estas negociaciones formalizó la demanda ante el TSJCV poniendo en evidencia que lo que se busca son condenas y no información, porque ésta la tenía garantizada ya por la conselleria”.
