Las Corts Valencianes convalidan el decreto de ampliación de la red pública de vivienda: “Es un imperativo social”

El Parlamento Valenciano ha dado luz verde este miércoles a la convalidación del decreto ley que permite a la Generalitat Valenciana tener preferencia en la adquisición de vivienda para destinarla a uso público. El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado con los votos a favor de PSPV, Compromís y Unides Podem el decreto que amplía los supuestos en los que el Ejecutivo puede hacer uso del derecho de tanteo y retracto en los inmuebles, una medida que se ha topado con la oposición de PP, Ciudadanos y Vox. La derecha ha calificado la medida de comunista, sectárea o inconstitucional.

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado el decreto como una herramienta de defensa de la población vulnerable frente a los fondos buitre o de los desahucios; como método para que la vivienda sea tratada como un derecho constitucional y no como una mercancía. La ampliación de la red pública de viviendas era un “imperativo social”, ha valorado. El relator de Naciones Unidas y el informe del Banco de España coincidieron en señalar que España tiene un problema grave con la vivienda y coinciden que la Administración Pública debe garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. “Garantizar el derecho a la vivienda sera el reto social mas importante de la próxima década”, denunciaba Dalmau en las Corts Valencianes.

Durante años, ha denunciado “se han dejado escapar miles de viviendas públicas que ahora son propiedad de fondos de inversión”, fondos que presionan a las familias con subidas de alquiler o que destinan las viviendas a un uso comercial, cuando no especulativo. Durante años, desde la pasada crisis, entidades financieras y bancarias fueron adquiriendo vivienda como consecuencia de los desahucios y daciones en pago. Hoy, señalaba Dalmau, las entidades tratan de “desprenderse” de esos paquetes inmobiliarios: “No las venden, se desprenden de ellas a precios irrisorios, en paquetes”, denunciaba el conseller, recordando que en esas viviendas hay personas, familias viviendo, que corren riesgos importantes.

“Necesitamos construir una red de viviendas públicas solidas y habitables que de respuesta a las necesidades presentes y futuras de la sociedad valenciana”, defendía el conseller, antes de explicar las excepciones del decreto. La norma amplía los supuestos en los que la Generalitat tiene preferencia en la compra de vivienda, siempre en municipios con demanda para uso público. Por ejemplo, la Generalitat no intervendrá en transmisiones entre familiares, pero sí en transmisiones de vivienda de protección, como sucedía ya en el decreto del PP.

Precisamente los populares se han mostrado extremadamente críticos con el decreto, que ya han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional porque, creen, vulneran los derechos de propiedad. El diputado popular Alfredo Castelló ha considerado que la norma “va contra las personas” en lugar de contra los fondos buitre y ha recordado que la compra de la Generalitat de 200 viviendas la pasada semana se realizó con la norma de 2004 en vigor. Aseguran los populares que vulnera también los derechos de la libertad de empresa y recuerdan que la patronal de constructores se ha opuesto a la norma. “Asegura usted que es Robin Hood y esto es una chapuza, una gran mentira”, ha espetado Castelló, que ha cuestionado “¿Dónde están los fondos buitre, que no los veo?”.

Por su parte, Ciudadanos ha considerado que es una medida que busca “politizar” la vivienda y su diputada Mari Carmen Peris la ha descrito como “sectaria y mordaza”, mientras que Vox ha considerado que es “usurpar” la vivienda y “chupar la sangre” a los ciudadanos, algo “comunista”.

Aunque el decreto ha contado con el respaldo de todo el Botánic, el PSPV ha manifestado sus dudas sobre algunos conceptos, que cree que podrán ser mejorados en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, mientras que Compromís y Unides Podem han celebrado su aprobación.