Isaura Navarro defiende el plan de prevención de incendios inferior al que reclamaba la anterior consellera: “Es un aumento nunca visto”

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se estrena en su cargo con una cita complicada: defender unos presupuestos que no ha elaborado, en un departamento al que acaba de llegar porque le costaron el cese a su antecesora, Mireia Mollà. La dirigente de Iniciativa-Compromís Isaura Navarro ha explicado este lunes en el Parlamento autonómico el proyecto de presupuestos para 2023, unas líneas que apenas pudo negociar, dado que tomó posesión del cargo cuatro días antes de que se presentaran las cuentas públicas. Aunque los tiempos de su nombramiento han invertido el orden habitual en el Ejecutivo (primero el conseller comparece para explicar su proyecto; después elabora los presupuestos), Navarro ha dado cuenta de sus prioridades para los meses que restan de legislatura.

La titular de Transición Ecológica ha trasladado a las Corts Valencianes su “apuesta firme” por una buena gestión del agua, “un derecho y un recurso” y por las medidas para hacer frente a la crisis climática, cuyos efectos “estamos viendo estos días”. “Desde esta conselleria queremos poner todos nuestros recursos en ese objetivo, trabajando desde la proximidad y la democratización de la economía, porque caminar hacia la soberanía energética y alimentaria, por ejemplo, es luchar contra el cambio climático, pero también construir una sociedad más justa. Pasando de la energía como mercancía a la energía como derecho, trabajando para eliminar la pobreza energética desde todas las administraciones”, ha apuntado Navarro.

En el año con los peores siniestros forestales en décadas, la partida de prevención de incendios ha llamado la atención de la oposición, también de sus socios de Gobierno. La dotación, defiende la consellera, ha aumentado un 42% respecto al año anterior, con 38,72 millones de euros, pese a que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció un fondo de cooperación municipal de 50 millones de euros. Su antecesora reclamó aumentar esta partida a 87 millones de euros tras el peor verano desde 2012, con 35.000 hectáreas quemadas. De esta partida se destinarán solo 10 millones al fondo prometido, que tendrá que completarse con aportación municipal y de las diputaciones. El Consell se escuda en que el fondo tendrá carácter plurianual para explicar la reducción.

Pese a que Navarro ha indicado en su comparecencia que los efectos del cambio climático se han notado en un año con récord de temperaturas extremas que han provocado cuatro grandes incendios, consecuencia de un contexto climatológico “completamente excepcional”, con “comportamientos virulentos impredecibles, que dificultan su extinción”, la titular de Emergencia Climática ha defendido la partida, una aportación directa a los municipios. Al respecto, a preguntas de Unides Podem, sobre el importe, ha considerado que “tampoco se trata tanto de cuánto dinero se invierte, sino de la calidad: que tengamos buenos planes bien ejecutados”. Al mismo tiempo ha pedido la colaboración de otros agentes, como las diputaciones. La diferencia entre lo anunciado y lo presupuestado ha valido el reproche de la oposición, como en el caso de Ciudadanos, que considera que el Consell está “vendiendo humo”.

La consellera, que trabajaba en varias cuestiones relacionadas con este departamento desde la Secretaría Autonómica de Salud Pública, como la alimentación saludable y sostenible o las cuestiones referentes a las plagas, espoleadas por la sobreexplotación de recursos en “una globalización mal entendida y mal ejecutada”, ha puesto énfasis en el aumento de presupuesto en Agricultura, que crece un 8% respecto al año anterior, hasta los 617 millones de euros, el triple que en 2015. En esta línea, la consellera destaca que son unas cuentas “ambiciosas” para el desarrollo de la agricultura valenciana, una de las ramas con mayor peso en este departamento. Así, el desglose de las partidas para el sector primario ha ocupado buena parte de la intervención, destacando las ayudas directas al sector, golpeado por la crisis de Ucrania.

Sobre las partidas de Transición Ecológica, una disputa que terminó con el cese de su antecesora, Mireia Mollà, la consellera ha enunciado algunos compromisos presupuestarios: 3,7 millones de euros para la dirección general de Transición Ecológica, 3,17 para “acelerar” las fuentes de energía renovable y ayudar a la difusión de comunidades energéticas locales y 14,5 millones de euros procedentes de fondos europeos para la instalación y almacenamiento de fuentes de energía renovable para 2023.