Paralizada la adjudicación del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación de Valencia

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha paralizado la adjudicación del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación de Valencia, después que la UTE Vareser-Monrabal, que venía gestionando este servicio desde el año 2001, presentara un recurso especial en materia de contratación por entender que la resolución de adjudicación de este contrato no se ajustaba a derecho.

El TARC ha paralizado la adjudicación mientras estudia las reclamaciones de la UTE Vareser-Monrabal, en la que además de la anulación de la resolución, se solicitaba al Tribunal que determine si los métodos de valoración aplicados por la Diputación, en la parte no económica del concurso, son correctos y, en caso de que no lo fueran, que se vuelva a valorar las ofertas, así como que se desclasifique como confidencial estos criterios evaluables mediante juicio de valor.

En este sentido, la UTE Vareser-Monrabal no ha podido acceder a ver el resto de las ofertas de las empresas licitadoras, y considera que la decisión de la Diputación de declararlas confidenciales en su mayor parte vulnera el principio de transparencia que debe presidir cualquier concurso público.

Cabe recordar que la puntuación de la apertura de la licitación “refleja un empate en las puntuaciones de los criterios evaluables mediante un juicio de valor”, mientras que la diferencia en la puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas entre la UTE FCC-Esber y UTE Vareser-Monrabal se reduce a 23 milésimas, a favor de FCC-Esber, que son las correspondientes a la puntuación obtenida en la oferta económica.

“En otras palabras, 2.000 euros de diferencia entre la oferta ganadora y la segunda oferta están detrás del desenlace final que, por un lado, obliga a tomar medidas drásticas en materia de empleo, como es el ERE anunciado, y por otro hará que el servicio de mantenimiento pierda la experiencia acreditada de los 26 trabajadores que venían prestando el servicio desde el año 2001”.

La UTE Vareser-Monrabal “se ha visto abocada” a iniciar un Expediente de Regulación de Empleo después de la decisión que la Diputación de Valencia adoptó el pasado 7 de mayo de adjudicar el contrato a la UTE Fomento de Construcciones y Contratas S.A. - FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SAU - Montajes Eléctricos Esber S.L.

Las Uniones Temporales de Empresa son sociedades que se forman, como su nombre indica, de manera temporal, para la realización de una sola obra o contrato, y se extinguen con la finalización de éstos. La Ley prohíbe a las empresas que cierran su actividad (como es el caso), y tienen en plantilla más de 10 trabajadores, que realicen la finalización de los contratos laborales de una manera objetiva y directa, y les obliga a hacerlos mediante un Expediente de Regulación de Empleo.

Los responsables de las empresas que forman la UTE se han reunido en varias ocasiones con miembros de la Corporación de la Diputación, “sin que éstos hayan mostrado ningún interés en poder arbitrar una solución entre las empresas entrante y saliente que conllevara la continuidad de los puestos de trabajo”. También trasladaron en varias ocasiones a la Diputación que las dos empresas que forman la UTE no disponen de puestos de trabajo libres en otros sitios para poder recolocar a 26 personas.

La hipotética incorporación de estos trabajadores en otros contratos, obligaría al despido de ese mismo número de trabajadores en las empresas que forman la UTE, no haciendo otra cosa que “aumentar y extender el problema” a otros trabajadores y a otras Administraciones.

La Diputación responsabiliza a la Asociación de Empresarios de Mantenimiento (AMI) del hecho que no esté la subrogación en el Pliego de condiciones. “Esta acusación, además de confundir a la opinión pública, supone no asumir las responsabilidades, pues lo que hizo esta asociación empresarial fue ir en contra de que la subrogación fuese puntuable dentro de los criterios de adjudicación del contrato, decisión que había adoptado la Diputación de manera equivocada”. El AMI no mostraba intención en su recurso de que no se contemplara la propia subrogación en los pliegos, “que hubiera sido la medida más efectiva para garantizar la estabilidad del personal”.

Finalmente, la UTE Vareser-Monrabal ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la Diputación haya atribuido a una lucha entre empresas una medida como el ERE, “para no asumir su responsabilidad”, y haya emplazado a la UTE adjudicataria y a la UTE que hasta hoy prestaba el servicio a llegar a un acuerdo sin su necesaria mediación.