Los vocales de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria cobrarán 15.000 euros anuales en dietas

El Parlamento valenciano reanuda los trámites para la constitución de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, un organismo cuya creación ha implicado saltar un obstáculo tras otro. Después de aprobar la ley en marzo de 2018 la Generalitat Valenciana tuvo que modificar la norma a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para relajar los requisitos, ante la imposibilidad de encontrar candidatos para el Consejo Rector del organismo.

Dos años después, el Consejo Rector sigue parado. El Ejecutivo autonómico nombró en enero a los dos vocales que le corresponden según la ley y el Parlamento se dio de plazo hasta el 15 de mayo para encontrar a cuatro candidatos -tres vocales y un suplente- para poder poner en marcha el ente. La Generalitat Valenciana confiaba en que pudiera ser este año, ya que dotó al ente de 250.000 euros de presupuesto en las últimas cuentas públicas, aunque los todavía elevados requisitos de incompatibilidades han complicado la tarea.

Precisamente este martes la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una modificación de los requisitos que rebaja las incompatibilidades para futuros consejeros, dadas las dificultades para nombrar a los actuales. Así, según fuentes del departamento de Arcadi España, se evitaría otro retraso hasta encontrar un vocal suplente. El órgano rector, una vez constituido, tendrá que elegir a un presidente y un director general, con retribución de secretario autonómico y director general, respectivamente. Las dietas de los vocales serán de unos 15.000 euros anuales, con 500 euros de indemnización por asistencia y por vocal, con una estimación de seis reuniones al año. La creación del ente se acordó en la comisión de investigación del accidente del metro del 3 de julio de 2006 como un compromiso del Parlamento autonómico con las víctimas.

Como en tantos otros casos, la pandemia de la COVID-19 interrumpió el proceso, que ha tenido que esperar a la 'nueva normalidad', para reiniciarse. Después de esta travesía han podido comparecer los cuatro candidatos propuestos por las Corts Valencianes, dos de ellos elegidos por el PSPV, uno por el PP y el restante, suplente, por Compromís: Antonio Esparza, director de operaciones en DB Cargo; Carla García, Ingeniera de Caminos e investigadora en la Politécnica de València; Manuel Miñes, responsable de la Cámara de Contratistas y Felipe Parrilla; técnico de seguridad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Precisamente la condición de Miñes como responsable del lobby de los contratistas valencianos genera suspicacias en los grupos progresistas y en Ciudadanos, que cuestionan la neutralidad que requiere el cargo.

La norma establece que “el cargo de vocal de la agencia será incompatible con el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y colegios profesionales”. Los candidatos necesitan del apoyo de tres quintas partes del parlamento en primera votación o de mayoría absoluta en segunda, pasado un mes, una cuestión a la que según los representantes de la comisión no parece ser necesario llegar. La intención de las formaciones es que los nombres de los comparecientes se traten en el próximo pleno, antes del mes de agosto, para poder poner en marcha cuanto antes el organismo. El Consejo Rector tendrá que aprobar un proyecto de presupuesto y modificar los estatutos, que se realizaron por Decreto al no existir el organismo.